El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra las grandes hidroeléctricas, acusándolas de especular con las tarifas de energía y de querer esperar el final de su gobierno para retomar un esquema tarifario que calificó como “estafador”. En un mensaje publicado en X, el mandatario afirmó que los dueños de estas empresas no han acogido la fórmula aprobada por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y que pretenden reinstaurar la anterior fórmula con un futuro gobierno que les sea favorable. Petro aseguró que el Ejecutivo actuará de manera rápida y profunda contra estas prácticas, recordando que la Constitución prioriza el interés general y prohíbe los carteles.
Su pronunciamiento respaldó las denuncias del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien señaló que, pese a que los embalses del país están en niveles altos, el mercado eléctrico ha multiplicado los precios hasta por diez veces. Palma explicó que el diseño actual del mercado hace que, aun con abundancia de agua, todas las plantas cobren el precio máximo marcado por las térmicas en horas pico, lo que termina trasladando miles de millones de pesos a unos pocos generadores. Ante esta situación, el ministro pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos y a XM —empresa que administra el sistema eléctrico— examinar si el alza se debe a causas técnicas o si obedece a especulación de mercado.
El Gobierno ha insistido en que las tarifas deben ligarse al costo real de producción, no a mecanismos que permiten utilidades extraordinarias. Para Petro, lo que está en juego es el carácter público de la energía: no se trata de un negocio privado, sino de un servicio esencial que debe responder al interés de toda la sociedad. En sus palabras, las tarifas actuales no reflejan los costos de generación y se han convertido en un mecanismo que enriquece a un pequeño grupo de empresas a costa de los usuarios.
Frente a este panorama, el Ejecutivo impulsa una reforma tarifaria que busca reducir el costo de la electricidad para los hogares colombianos y reorientar el sistema hacia el beneficio colectivo. Entre las medidas planteadas se encuentran: limitar subsidios mal focalizados, redistribuir deudas de la opción tarifaria hacia usuarios de mayores ingresos, revisar los componentes de la factura que encarecen artificialmente el servicio y ajustar el cargo por confiabilidad —un pago creado para garantizar energía en épocas críticas— que, en su diseño actual, puede favorecer a unos pocos actores sin un beneficio tangible para los consumidores.
Sin embargo, los gremios del sector eléctrico han rechazado las acusaciones de Petro y Palma. Argumentan que los precios obedecen a la dinámica de la oferta y la demanda, a retrasos en nuevos proyectos y a la volatilidad del sistema. Además, advierten que una modificación drástica del cargo por confiabilidad podría desincentivar la inversión y poner en riesgo la estabilidad energética del país.
El conflicto, entonces, trasciende lo técnico y se convierte en un pulso político sobre el rumbo del sistema eléctrico colombiano: ¿debe seguir respondiendo a la lógica del mercado y de los grandes generadores, o debe transformarse en un esquema que garantice tarifas justas para millones de familias? Para Petro, la respuesta es clara: la energía es un bien público que debe estar al servicio de todos y no de unos pocos conglomerados.
El desenlace de esta disputa dependerá de la discusión de la reforma tarifaria en el Congreso y de las decisiones regulatorias que adopte la CREG en los próximos meses. Pero el mensaje presidencial es contundente: no permitirá que los abusos se mantengan ni que las tarifas sigan siendo un peso desproporcionado para los hogares, reafirmando esta reforma como uno de los ejes centrales de su proyecto político de cambio.