Cuando tenemos al frente dos transcendentales procesos democráticos como lo son las elecciones legislativas al Congreso, Senado y Cámara de Representantes y los comicios presidenciales, el panorama que presenta Colombia en materia de orden público es bastante oscuro ante la proliferación de los grupos armados ilegales en diferentes regiones del paìs.
Estamos hablando de 17 organizaciones que vienen haciendo de las suyas, en detrimento de la tranquilidad y seguridad de miles de personas, en lo que se constituye en un considerable aumento de estos grupos, desde que el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió el poder el 7 de agosto de 2022.
Nos referimos a una situación que, en más de 3 años de Gobierno, convirtió a uno de los programas banderas del mandatario, el de la Paz Total, en un fracaso. En ese sentido, no se puede negar que el presidente Petro ha hecho esfuerzos, pero lamentablemente, las organizaciones ilegales no le copiaron y lo que tenemos en estos instantes es una proliferación de grupos rebeldes, comenzando con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln, disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, el Clan del Golfo y muchos otros más.
Estamos hablando de organizaciones criminales que en su mayoría tienen como bandera, el narcotráfico y la minería ilegal, cuyo aumento en vastos sectores del territorio nacional ha cambiado el panorama del conflicto armado en Colombia, puesto que estas ya no combaten con el Ejército, sino que sus sangrientos enfrentamientos son entre sí, precisamente en disputa de territorio para sus ilícitas actividades y en detrimento de la población civil, permanente víctima de desplazamientos y confinamientos.
Vivimos entonces, unos días de inquietud e incertidumbre, con esta expansión de los grupos armados ilegales por la geografía colombiana, con grandes afectaciones, tanto a la fuerza pública, como a la población civil, lo que directamente lo debemos atribuir, al fallido intento de Paz Total promocionado por el actual Gobierno e igualmente al fracaso en la consolidación del Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Gobierno Nacional del entonces, presidente Juan Manel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.
Entonces, cuando tenemos al frente dos elecciones que serán de gran importancia para el futuro de Colombia, vemos como 17 grupos criminales aparecen como las más grandes amenazas para nuestra Democracia, los que, en estos momentos, ocupan y ejercen dominio en vastas zonas del territorio nacional ejecutando nuevas formas de violencia.
¿El Gobierno Nacional que hará al respecto? Ese es el interrogante, que, con incertidumbre, nos hacemos millones de colombianos, quienes tememos con justa razón, que las acciones de estas organizaciones marginales, provoquen un desbarajuste en los procesos electorales que se avecinan, las elecciones al Congreso y los comicios presidenciales.
Se trata de un temor plenamente justificado, puesto que estamos viendo como en las diferentes zonas del paìs, estos grupos han intensificado sus acciones, intimidando a la población civil. En ese sentido, organizaciones como la Misión de Observación Electoral MOE y la Defensoría del Pueblo, han lanzado alertas tempranas en torno a estos hechos, al ser receptoras de denuncias, que no solo tienen que ver con amenazas a las comunidades, sino de enfrentamientos entre ellos mismos, en disputa de territorio.
Se trata de un panorama que nos inquieta, por lo que esperamos que el Gobierno Nacional, tome las medidas que sean del caso, para hacerle frente a una situación que lamentablemente ha avanzado mucho en nuestro país.