Un juzgado de la capital tolimense ordenó cinco días de arresto contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla en desacato por no cumplir un fallo de la Corte Constitucional que protegía el derecho al agua potable de varias familias del barrio Ambalá.
La medida fue adoptada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué, que concluyó que la administración municipal no cumplió de forma efectiva la sentencia T-476 de 2019, emitida por la Corte Constitucional. El fallo ordenaba garantizar el suministro continuo de agua potable a Leonel Alcides Hoyos Gómez y su núcleo familiar, residentes del conjunto residencial Alminar Samoa, así como a la comunidad en general.
En octubre de 2019, la Corte determinó que la Alcaldía y el acueducto comunitario de la Junta de Acción Comunal del barrio El Triunfo debían presentar un plan definitivo para asegurar el acceso a servicios públicos de agua y alcantarillado, incluyendo plazos, respaldo presupuestal y participación ciudadana. Este debía ser ejecutado en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, más de cinco años después, persisten graves deficiencias.
Pruebas
Aunque el IBAL ha suscrito contratos e instalado sistemas de bombeo, y la Secretaría de Ambiente ha remitido informes al respecto, los testimonios de la comunidad, junto a un video en el que se observa el rebosamiento del alcantarillado, sirvieron como prueba de que el suministro no es continuo y las fallas estructurales en el servicio persisten. El juzgado consideró que los plazos establecidos por la Corte están vencidos y que no se ha cumplido integralmente la orden judicial.
La administración local argumentó que la responsabilidad había sido delegada a varios secretarios mediante el Decreto 1000-0610 de 2024, pero el juez Carlos Andrés Villada Arbeláez, en encargo por licencia médica de la titular del despacho, enfatizó que la responsabilidad final recae sobre la Alcaldía como entidad, y por tanto en su máxima representante.
La sanción también contempla que el expediente sea enviado al Juzgado Civil del Circuito para la consulta de legalidad de la decisión. Además, la Alcaldía fue requerida nuevamente para que dé cumplimiento pleno al fallo de tutela. El juez dejó constancia de la renuencia de la administración a atender múltiples llamados judiciales durante años.