El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno Nacional buscaba eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas, una medida que pretendía generar un ahorro cercano a los 62.000 millones de pesos anuales para las finanzas públicas.
La decisión deja sin efectos, de manera temporal, el Decreto 030 de 2026 mientras avanza el estudio de fondo de la demanda presentada contra la norma. La prima especial, creada en 2013 para reemplazar otros beneficios salariales, continuará vigente por el momento.
El alto tribunal consideró que la eliminación de esta prestación podría afectar el régimen salarial de otros altos funcionarios del Estado cuyos ingresos están vinculados a la remuneración de los congresistas, por lo que determinó adoptar la medida cautelar mientras se resuelve el proceso judicial.
Con esta decisión, los congresistas seguirán percibiendo la prima especial de servicios hasta que exista un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto, un debate que enfrenta los argumentos de austeridad fiscal del Gobierno con las implicaciones jurídicas y laborales planteadas por los demanda