Imagen de referencia / Río Monquirá / foto: archivo particular
La contaminación del río Monquirá desató una severa alerta sanitaria y ecológica tras la acumulación desmedida de desechos y descargas cloacales en el perímetro urbano de Sogamoso.
En este sentido, el secretario de Hábitat, Camilo Castro Moreno, afronta duros cuestionamientos ante la proliferación de malos olores y focos de infección. Asimismo, los diagnósticos técnicos de la autoridad ambiental clasifican la degradación hídrica entre alta y muy alta debido a la alta concentración de coliformes fecales.
De esta manera, los vertimientos de las veredas Pilar y Ceibita ingresan sin ningún tratamiento previo, mientras el colector de la carrera 14 satura la cuenca con materia orgánica. Por lo tanto, el afluente sufre un déficit crítico de oxígeno que anula la vida acuática.
Escombros clandestinos y contaminación del río Monquirá
Por un lado, la carencia histórica de una escombrera municipal fomentó la disposición ilegal de desechos por parte de volquetas y transportadores informales. Además, el depósito indiscriminado de tierras de excavación y residuos alfareros redujo dramáticamente la capacidad hidráulica de la ronda protectora entre las carreras 4 y 20.
De igual forma, este taponamiento artificial genera represamientos y desbordamientos del sistema pluvial en sectores residenciales como Venecia, Vargas y Lomitas. Por consiguiente, los lineamientos técnicos de entidades ambientales como Corpoboyacá exigen frenar los botaderos clandestinos de colchones e inservibles que continúan destilando lixiviados altamente tóxicos.
Impacto en el río Chicamocha y omisiones presupuestales
Por otro lado, la crisis ambiental provocó la pérdida irreversible del 5 % de los ecosistemas locales y facilitó la propagación invasora de la langostilla roja y el retamo liso. Igualmente, las aguas residuales terminan fluyendo directamente hacia el río Chicamocha, amenazando la inocuidad del riego agrícola de hortalizas y las labores ganaderas en la provincia.
En consecuencia, la veeduría denunció el incumplimiento de la Ley 99 de 1993, luego de que el municipio dejara de ejecutar más de 1.510 millones de pesos en 2023 para comprar zonas de recarga hídrica. Finalmente, los líderes comunitarios reclaman la construcción de una planta de tratamiento mecánico biológico y seguir las noticias de Boyacá y medio ambiente para recuperar el afluente.