La Contraloría General de la República emitió una fuerte advertencia sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), al evidenciar que más de 781.000 niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido afectados por retrasos, incumplimientos y deficiencias en la prestación del servicio.
Entre los principales problemas detectados están la inoportunidad en la entrega de las raciones alimentarias, suspensiones temporales del servicio y fallas en la licitación de contratos para el programa. Además, la Contraloría señala que algunas entidades territoriales no han garantizado la operación desde el primer día del calendario escolar, lo cual vulnera los derechos de los menores.
Otro punto crítico es el desfinanciamiento: para 2026, el ente de control estima que harán falta 1,3 billones de pesos para mantener el programa y así atender a los 1,6 millones de estudiantes que actualmente no cuentan con el servicio.
Asimismo, se ha identificado una serie de hallazgos fiscales entre 2020 y el primer semestre de 2025 que suman más de 55.500 millones de pesos, relacionados con sobrecostos, ejecución contractual fallida y mala supervisión del programa.
Frente a esta situación, la Contraloría hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para que asignen los recursos necesarios y corrijan las deficiencias, garantizando así el acceso adecuado a la alimentación escolar para los estudiantes más vulnerables.