Un recurso presentado por varios municipios y un colectivo de académicos puso en la mira la fórmula de redistribución de recursos de los fondos territoriales, argumentando que la actual metodología desfavorece regiones con indicadores de pobreza multidimensional altos. La Corte Constitucional aceptó discutir la demanda y advirtió que una eventual sentencia podría reconfigurar el flujo de recursos para salud, educación e inversión social.
Gobernadores y alcaldes afectados han empezado a preparar argumentos técnicos que demuestren cómo la redistribución propuesta aumentaría la equidad territorial; mientras tanto, el Ministerio de Hacienda defendió la metodología vigente como coherente con criterios de estabilización fiscal y eficiencia. Economistas consultados señalan que un cambio judicial en la fórmula exigiría ajustes presupuestales que podrían implicar recortes transversales o mayor endeudamiento si no se acompaña de reforma tributaria.
Las organizaciones sociales ven la discusión como una oportunidad para visibilizar brechas regionales y presionar por un intercambio fiscal más justo; la decisión de la Corte tendrá efectos inmediatos en presupuestos municipales del próximo año, por lo que todos los actores esperan una sentencia clara y con plazos de implementación.