En 2025, el sistema de salud administrado por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. La combinación de deudas acumuladas, demoras en la prestación de servicios, quejas masivas y dificultades financieras ha puesto en evidencia que buena parte del modelo enfrenta un serio desgaste, afectando directamente la calidad de la atención que reciben millones de colombianos.
Deudas crecientes y sostenibilidad comprometida
La Contraloría General ha advertido que la mayoría de las EPS presentan un déficit financiero preocupante. Las deudas con hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos continúan en aumento, alcanzando cifras que comprometen la operación regular del sistema. Solo un pequeño número de EPS cumple con los requisitos mínimos de solvencia exigidos por la normativa vigente, mientras que la mayor parte opera con patrimonio insuficiente, sin liquidez o sin capacidad técnica para garantizar continuidad en el servicio.
Este panorama ha derivado en la ruptura de contratos entre EPS y prestadores, lo que deja sin atención a miles de afiliados que deben ser redistribuidos a otras entidades, generando mayor congestión y nuevas demoras en el acceso.
Demoras en citas, falta de medicamentos y quejas masivas
La Superintendencia Nacional de Salud ha registrado un incremento histórico en los reclamos. Entre las quejas más frecuentes se encuentran:
- Retrasos en la entrega de medicamentos esenciales.
- Dificultad para agendar citas médicas con especialistas.
- Negaciones de servicios o procedimientos prioritarios.
- Fallas en la autorización oportuna de tratamientos de alto costo.
El volumen creciente de reclamos refleja el desgaste del sistema y la incapacidad de varias EPS para cumplir con los tiempos mínimos de atención, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y población de bajos recursos.
Impacto en la población y riesgos para el derecho a la salud
La precariedad del sistema ha obligado a muchos usuarios a pagar servicios privados o adquirir medicamentos por su cuenta, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a la salud. La falta de respuesta oportuna por parte de las EPS vulnera de forma directa el derecho fundamental a la salud y deteriora la confianza de la población en el sistema de aseguramiento.
Conclusión
El panorama actual revela un sistema en crisis que requiere transformaciones urgentes. Sin ajustes estructurales que fortalezcan la vigilancia, la transparencia y la sostenibilidad financiera, la garantía del derecho a la salud continuará en riesgo. La situación de las EPS durante este año ha dejado en evidencia un modelo que ya no responde de manera efectiva a las necesidades de la población colombiana.
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