El presidente Abelardo de la Espriella respaldó la propuesta del senador Enrique Gómez para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la justicia ordinaria, reiterando sus cuestionamientos al tribunal transicional. En respuesta, la JEP catalogó la medida como un intento de desmantelamiento financiero y anunció que acudirá a instancias internacionales para proteger su independencia.
Lo que sostuvo el presidente De la Espriella
- Respaldo al recorte: Manifestó su apoyo directo a la iniciativa radicada en el Congreso con la frase «¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!», avalando que dichos recursos sean dirigidos al Consejo Superior de la Judicatura para mitigar el déficit de jueces.
- Revisión de la jurisdicción: Recordó la postura fijada desde su discurso de posesión, en la que afirmó que, si bien respetará el ordenamiento jurídico, revisará con rigor la JEP para evitar que funcione como un mecanismo de «indulgencia» o «absolución ilegítima» ante delitos graves del conflicto.
La respuesta de la JEP y su presidente, Alejandro Ramelli
- Denuncia de asfixia financiera: Ramelli afirmó que la propuesta forma parte de una «estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento», calificándola como el ataque más grave que ha sufrido el tribunal contra su independencia y autonomía.
- Acudimiento a organismos internacionales: Anunció un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar la iniciativa, señalando que pondrá el caso en conocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la CIDH, el Alto Comisionado para los DD. HH. y los países garantes del Acuerdo de Paz.
- Defensa de las víctimas: Ramelli instó al Ejecutivo a valorar el trabajo de la jurisdicción en función de las víctimas que han sido escuchadas y las imputaciones realizadas a los victimarios durante su década de funcionamiento.