La reciente denuncia del diputado Omar Alexis Díaz puso bajo la lupa un proceso contractual que, según él, podría configurar un presunto caso de irregularidades en la contratación pública del sector cultural. La controversia gira en torno a la Corporación Emprendedores Culturales y Sociales de Colombia (Coremprendecol), una microempresa registrada en Neiva el 13 de mayo de 2025, que habría recibido un contrato superior a los mil millones de pesos apenas un mes después de su constitución.
El diputado calificó la situación como “altamente preocupante” al considerar que la empresa, sin trayectoria verificable y sin antecedentes en producción de espectáculos, fue seleccionada para la contratación de artistas en los eventos culturales de San Pedro, una de las festividades más importantes del calendario regional. Para Díaz, la rapidez con la que esta entidad escaló hacia contratos de tal magnitud “no solo levanta dudas, sino que exige una explicación transparente por parte de quienes adjudicaron este proceso”.
Empresa sin experiencia
La denuncia adquiere mayor relevancia debido a que, según lo expuesto por Díaz, Coremprendecol no solo habría sido contratada en el Huila, sino también en el Meta. De acuerdo con los documentos revisados por el corporado, el Instituto de Turismo de Villavicencio adjudicó un contrato por $882 millones a la misma microempresa para gestionar la presentación de cinco artistas en el Festival Llanero: Maelo Ruiz, Peter Manjarréz, Francy, Bonny Cepeda y Rafa Pérez.
Para el diputado, la reiteración de contratos de cuantías elevadas en distintos territorios, a pesar de la reciente creación de la empresa, “configura un patrón que debe ser investigado a fondo”, dado que no existe evidencia de que la entidad tenga la capacidad técnica, financiera y logística para asumir espectáculos de gran escala.
Interrogantes
La compañía, representada legalmente por Angie Liseth Leiva Scarpetta, recibió los contratos mediante procesos que, según la denuncia, no habrían demostrado con claridad los criterios de selección usados para privilegiar a una empresa sin experiencia. Díaz insiste en que la contratación pública debe regirse por principios de transparencia, idoneidad y mérito, por lo que considera urgente que los entes de control actúen para esclarecer lo sucedido.
El diputado solicitó formalmente a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía revisar el proceso de contratación para determinar si existieron favorecimientos indebidos, posibles irregularidades o falta de verificación de requisitos. “No podemos permitir que empresas sin trayectoria administren recursos públicos que deben garantizar calidad, transparencia y resultados para la comunidad”, puntualizó.
Díaz concluyó que continuará haciendo seguimiento a este y otros procesos, insistiendo en que la vigilancia ciudadana y el control político son esenciales para proteger los recursos públicos y recuperar la confianza institucional.