Estados Unidos marcaría un giro drástico en su política de cooperación con Colombia si se concreta un recorte sin precedentes en la ayuda destinada a muerto país para el año fiscal 2026. El nuevo presupuesto, que apenas alcanzará los 209 millones de dólares, representa una reducción de casi el 50% frente a los fondos asignados en 2025 y deja a Colombia en el nivel más bajo de respaldo económico estadounidense de las últimas dos décadas. Este golpe financiero se produce en un contexto de tensiones crecientes entre los dos gobiernos y cuestionamientos sobre la eficacia y el enfoque de la asistencia internacional.
La suspensión parcial del apoyo económico se sustenta en las críticas del Congreso estadounidense hacia la administración del presidente Gustavo Petro. Durante la discusión del presupuesto, el presidente del subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Mario Díaz-Balart, subrayó la “falta de compromiso” de Colombia para promover los intereses bilaterales en materia de seguridad, control del narcotráfico y estabilidad regional. Díaz-Balart, que también lideró la redacción del informe presupuestal, argumentó que el gobierno Petro no ha utilizado de forma adecuada la asistencia recibida y ha permitido un deterioro institucional y un repunte de la violencia política.
El recorte presupuestal fue aprobado por 35 votos a favor y 27 en contra en el Comité de Asignaciones, y aún debe superar votaciones en la plenaria de la Cámara y el Senado. La decisión, además, ha contado con respaldo bipartidista, aunque con matices, ya que tanto demócratas como republicanos reconocieron preocupaciones sobre la gobernabilidad, el avance del narcotráfico y los recientes episodios de inseguridad en Colombia. El recorte afecta especialmente los fondos de “asistencia blanda” —programas sociales, desarrollo económico y apoyo a víctimas de la violencia—, aunque también incluye una fuerte reducción en cooperación para la policía y las Fuerzas Armadas.
Mario Díaz-Balart fue enfático al advertir que la era de una política exterior estadounidense “débil” había terminado y que no se destinarían más fondos “sin condiciones claras” a países aliados que, a juicio del Congreso, ya no comparten metas democráticas y de seguridad con Washington. Su papel es central: como líder del subcomité, Díaz-Balart es el principal arquitecto de la política presupuestaria exterior y ha dejado claro que la continuidad de la ayuda dependerá de cambios sustanciales en el enfoque de Petro.
La reacción del presidente Gustavo Petro no tardó. El mandatario calificó a Díaz-Balart como un “despistado senador de extrema derecha” y acusó a la prensa de distorsionar la magnitud del recorte para crear una narrativa contraria a su gobierno. Petro también defendió la autonomía de Colombia en la definición de sus políticas internas y sostuvo que la cooperación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y no en condicionamientos ideológicos o injerencias externas.

