Jaime Revelo advirtió que la sentencia judicial supera los 1.300 millones de pesos y pidió establecer si existieron fallas administrativas o actuaciones que comprometieron el patrimonio público.
El exconcejal de oposición de Ipiales, Jaime Revelo, expresó su preocupación luego de conocerse una sentencia judicial que obliga a Empobando E.S.P. a pagar más de 1.300 millones de pesos por un proceso relacionado con la instalación de una tubería en un predio privado.
Según explicó, la decisión representa un fuerte impacto para las finanzas de la empresa de servicios públicos y podría generar consecuencias sobre los recursos públicos del municipio.
Revelo indicó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirmó en segunda instancia la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales, dentro de una demanda presentada por las afectaciones ocasionadas al propietario del inmueble.
Aseguró que el litigio tuvo origen en la ejecución de obras relacionadas con la instalación de una red de tubería en un predio particular, situación que terminó en una reclamación judicial por los daños causados.
Condena
El exconcejal precisó que el fallo establece el pago de 1.249.602.434,69 pesos por concepto de indemnización, suma a la que se agregan más de 38 millones de pesos correspondientes a costas procesales.
Con ello, explicó, la obligación económica supera los 1.300 millones de pesos, cifra que calificó como preocupante por el efecto que tendría sobre la estabilidad financiera de Empobando.
Ante este panorama, Revelo sostuvo que resulta necesario establecer si durante el desarrollo del proceso existieron errores administrativos, omisiones o actuaciones negligentes que hayan derivado en la condena.
En ese sentido, solicitó a los organismos de control iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales o incluso penales por parte de los funcionarios que intervinieron en el caso.
Explicaciones
El dirigente político también hizo un llamado para que la empresa informe de manera clara a la ciudadanía cuáles serán las medidas que adoptará para cumplir con la decisión judicial sin afectar la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, pidió que las autoridades competentes expliquen las estrategias que se implementarán para proteger el patrimonio público y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Finalmente, Revelo insistió en que este caso debe ser analizado con transparencia y rigor institucional, al considerar que el manejo de los recursos públicos exige responsabilidades claras cuando decisiones administrativas terminan generando millonarias condenas contra entidades del Estado.
Jaime Revelo, exconcejal