La discusión sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027 continúa en el Congreso de la República, donde las comisiones económicas deberán definir una proposición que plantea reducir en alrededor de $100.000 millones los recursos asignados a la entidad. De aprobarse, el presupuesto quedaría en $721.803 millones, una cifra que, según la senadora María Clara Posada, sería cercana a la de este año.
En ese sentido, Posada señaló que la JEP ha destinado $209.904 millones a cuatro rubros que cuestionó en sus redes sociales: $40.365 millones para defensa jurídica de los excombatientes de las Farc que se acogieron a la justicia transicional, $114.202 millones para el arrendamiento de su sede, $31.374 millones para operadores logísticos de eventos y $23.963 millones en tiquetes aéreos.
La congresista sostuvo que el recorte debería ser, como mínimo del 50 %, al considerar que el país atraviesa una situación fiscal que exige reducir los gastos de funcionamiento. También cuestionó que la jurisdicción no haya explicado, según su apreciación, cómo se han ejecutado los recursos en ese periodo.
Uno de los puntos señalados por Posada corresponde a la defensa jurídica de los comparecientes. La senadora advirtió que se hayan utilizado recursos de la jurisdicción para financiar abogados de desmovilizados de las Farc y recordó una estimación de Forbes de 2014 sobre una supuesta fortuna de esa organización avaluada en US$600 millones.
El arrendamiento de la sede de la Jurisdicción constituye otro de los rubros cuestionados. Según la congresista, este contrato ha representado más de $114.000 millones para el Estado, equivalentes a unos $16.314 millones anuales. María Clara Posada afirmó que en 2022 se suscribió un contrato por cuatro años con vigencias futuras y cuestionó que no se hubiera buscado una alternativa de menor costo.