La lucha contra la deforestación, especialmente en la Amazonía, se mantuvo como una prioridad ambiental. Se reforzaron los controles sobre actividades ilegales como la tala indiscriminada y la expansión no autorizada de la frontera agrícola. Al mismo tiempo, se impulsaron programas de conservación y desarrollo sostenible con comunidades locales, promoviendo alternativas económicas que permitan proteger los ecosistemas sin afectar el sustento de las poblaciones rurales.
