Las dinámicas del conflicto armado durante el último año en Nariño se han destacado por la reorganización territorial y la reconfiguración económica ilícita de los grupos armados al margen de la ley como el Eln y las disidencias de las Farc, en todas sus modalidades.
Ante los golpes cada vez más contundentes contra el narcotráfico propinados por las Fuerzas Militares en la costa pacífica nariñense y en el piedemonte costero, las organizaciones armadas ilegales buscan consolidar su poder sobre territorios mineros y sobre corredores que permiten conectar distintas economías ilícitas.
La transformación del control territorial en la región, producto de la ofensiva del Ejército y de la frustrada desmovilización de una parte de los autodenominados ‘Comuneros del Sur’, ha hecho que otros grupos armados, como las Autodefensas Unidas de Nariño, la columna Urias Rondón (Comando Coordinador de Occidente) y el frente Franco Benavides (Estado Mayor Central) realicen acciones tendientes a ocupar zonas estratégicas dentro de esa reconfiguración territorial.
Históricamente, el narcotráfico ha sido el principal motor económico de los grupos alzados en armas en el departamento de Nariño. El departamento concentra extensas zonas cocaleras y algunos de los corredores más importantes para la producción y salida de cocaína hacia el Pacífico y hacia la frontera con Ecuador. Sin embargo, hasta la fecha las operaciones estatales han golpeado distintas redes de tráfico, afectando laboratorios, rutas fluviales y estructuras logísticas, lo que ha obligado a los grupos armados a modificar sus estrategias económicas.