La Unión Europea estudia por primera vez la posible activación de su instrumento anticoercitivo, una poderosa herramienta comercial diseñada para responder a presiones económicas de terceros países, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el anuncio de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump.
La advertencia de Washington contempla la imposición de gravámenes de hasta el 25 % a productos provenientes de varios países europeos, una medida que Trump habría vinculado a la disputa geopolítica por Groenlandia. Según el mandatario estadounidense, los aranceles afectarían a naciones como Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además del Reino Unido y Noruega, si el territorio autónomo danés no es cedido a Estados Unidos.
El anuncio generó sorpresa y preocupación en Bruselas, donde líderes políticos y parlamentarios comenzaron a pedir una respuesta firme. El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó abiertamente la posibilidad de recurrir al instrumento anticoercitivo, creado en 2023 y que hasta ahora no ha sido utilizado. En la misma línea, la eurodiputada Valerie Hayer, líder del grupo liberal Renew en el Parlamento Europeo, consideró que la situación amerita el uso de esta herramienta excepcional.
Conocido dentro del bloque como la “bazuca” o el “arma nuclear” comercial, este mecanismo permite a la Unión Europea adoptar medidas de gran impacto, como restringir importaciones y exportaciones de bienes y servicios dentro de su mercado único de 450 millones de consumidores. Además, facultaría a Bruselas para limitar o impedir el acceso de empresas estadounidenses a contratos de adquisición pública en territorio europeo.
El proceso para activar el instrumento es complejo y podría tomar varios meses. Tanto la Comisión Europea como los Estados miembros pueden solicitar su uso, pero se requiere el respaldo de al menos el 55 % de los países del bloque, que representen el 65 % de la población total de la Unión. Una vez iniciado, la Comisión tendría hasta cuatro meses para investigar las prácticas comerciales del país señalado, seguidos de un periodo adicional de votación y preparación de las medidas.
Aunque la activación no implicaría acciones inmediatas, expertos señalan que el solo hecho de iniciar el procedimiento enviaría un mensaje contundente a Estados Unidos, al demostrar que la Unión Europea está dispuesta a defenderse frente a lo que considera una forma de coerción económica, incluso si proviene de uno de sus principales aliados históricos.
Por ahora, el debate sigue abierto en Bruselas, mientras las capitales europeas evalúan los costos políticos y económicos de una escalada comercial que podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones transatlánticas.