La Contraloría General de la República emitió una alerta tras evidenciar un alto volumen de contratación pública durante enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, norma que busca restringir la celebración de contratos en época preelectoral para proteger el gasto público y evitar su uso con fines políticos.
De acuerdo con el informe, en el primer mes del año se registraron 521.269 contratos por un valor total de 32,88 billones de pesos, de los cuales $17,8 billones corresponden al nivel territorial y $14,9 billones al orden nacional.
Al comparar estas cifras con el mismo periodo prelectoral de 2022, el ente de control evidenció un incremento del 5,2 % en el número de contratos y del 30,4 % en los valores adjudicados. La última semana de enero concentró la mayor actividad contractual, alcanzando $14,8 billones, siendo el 30 de enero el día con el monto más alto, con $5,7 billones.
Contratos del Gobierno nacional
La Contraloría también hizo énfasis en la contratación del Gobierno Petro, señalando que se celebraron 164.813 contratos por $14,86 billones, lo que representa un aumento del 52,6 % en cantidad y del 68,2 % en valor frente a periodos comparables.
Entidades con mayor contratación
Entre las entidades nacionales con mayores montos contratados se destacan:
- SENA: $1,72 billones
- ICBF (Bienestar Familiar): $1,26 billones
- Aeronáutica Civil: $0,76 billones
En el orden territorial, las cifras más altas fueron:
- Barranquilla: $1,33 billones
- Medellín: $0,88 billones
- Cali: $0,54 billones
El modelo de prestación de servicios fue el más utilizado, con 501.423 contratos por $22,34 billones, equivalentes al 96,2 % del total de contratos y al 67,9 % del valor contratado.
Finalmente, la Contraloría subrayó el aumento sustancial en la dinámica contractual:
“Se puede evidenciar que el periodo del 01-30 de enero de 2026 presenta un incremento del 64,48 % (…) Frente al valor contratado, el monto total creció un 75,14 %”, advirtió el organismo de control.
El ente anunció seguimiento a estas cifras para verificar el cumplimiento de la normativa electoral y la correcta destinación de los recursos públicos.