La Fiscalía General de la Nación logró judicializar a 12 presuntos integrantes de una organización delincuencial señalada de estar detrás de una reciente ola de homicidios y del tráfico de estupefacientes en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El grupo, conocido como ‘Los Vida Nueva’, operaba principalmente en la comuna 2 y estaría relacionado con al menos seis asesinatos ocurridos desde octubre de 2024.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Cachaco’, identificado como cabecilla de la estructura criminal, quien presuntamente ordenaba los crímenes desde un centro de reclusión. También fue judicializado Esteban Mauricio Romero Benavides, alias ‘El Gato’, señalado como uno de los principales coordinadores de la organización y encargado de suministrar armas y dirigir acciones violentas para el control del microtráfico en la zona.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo delincuencial utilizaba a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia de los puntos de expendio de drogas, además de participar en actividades de sicariato y otras conductas ilícitas relacionadas con el control territorial.

Otros de los procesados fueron identificados como Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes habrían cumplido roles como expendedores y ejecutores de homicidios.

Las capturas se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de Soacha. Durante los operativos, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, cerca de un kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco teléfonos celulares y un vehículo.

Un fiscal imputó a los procesados delitos como homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Aunque ninguno aceptó los cargos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.