Se conoció el decreto que alistan los ministerios del Interior y Defensa, para que pase a firma del presidente Gustavo Petro, modificando las condiciones para entregar esquemas de seguridad en el país, especialmente de aquellos funcionarios públicos que ya no están en sus cargos.
Con esta norma se reversa una decisión del expresidente Iván Duque que fue muy polémica y en la cual se entregaba esquema de protección automático a todos aquellos funcionarios que hicieron parte del Consejo de Seguridad Nacional o que hayan avalado extradiciones.
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La norma, que será firmada en los próximos días por el presidente Gustavo Petro, dice que la UNP, el 9 de febrero de 2023, manifestó que: «Exservidores públicos que hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y exservidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, como mecanismo de cooperación judicial internacional deben recibir la protección no por ostentar un cargo, sino por ser víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo”.
Incluso, se advierte en la justificación de motivos que mantener esa medida implementada por Duque: “Con lleva a la implementación de medidas de protección sin el lleno de requisitos y procedimientos estipulados en las normas que rigen el programa de prevención y protección”.
“En torno a la población referente a quienes suscriben las extradiciones, que el hecho de que algunos servidores públicos asesoren al presidente de la República en temas de seguridad nacional o sobre la extradición de alguna persona, quien en realidad adopta las decisiones es el presidente de la República, de allí que quien funge como tal al dejar el cargo, cuenta con medidas de protección”, señaló la norma.
De esta forma, el Gobierno borra en el nuevo decreto la disposición de entregarle esquema de seguridad a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, a quienes hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición e, incluso, a los líderes religiosos certificados por el Ministerio del Interior.
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Finalmente, se establece un término de transición para todos aquellos exfuncionarios que gozan de protección por decisión del expresidente Duque y dice que se reevaluará el nivel de riesgo y que, en caso de no existir, les quitarán el esquema.
“La Unidad Nacional de Protección dentro de los 10 días siguientes a la expedición del presente decreto, y conforme a la institucionalidad establecida en el Decreto 1066 de 2015, deberá realizar una revaluación del nivel del riesgo de estas personas, para determinar si subsiste un nivel de riesgo extraordinario o extremo y en tal caso, asignarles las medidas protección ajustado a las disposiciones vigentes. De llegarse a considerar que no existe nivel de riesgo extraordinario o extremo, se darán por terminadas las medidas de protección”, finalizó el comunicado.
