La administración entrante de Abelardo De La Espriella recibirá concesiones 5G por $45,7 billones, con ocho proyectos sin iniciar obras, y contratos de Ecopetrol por USD 700 millones bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades.
UNA INFRAESTRUCTURA CON AVANCES DESIGUALES
Óscar Torres Yarzagaray, Director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El Gobierno de Abelardo De La Espriella asumirá el próximo 7 de agosto un panorama desafiante en materia de infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) administra actualmente 13 proyectos de concesiones de quinta generación (5G), con inversiones proyectadas por $45,7 billones, pero ocho de ellos permanecían con cero por ciento de ejecución física al cierre de 2025. Solo cinco iniciativas presentan avances en construcción, entre ellas la Nueva Malla Vial del Valle, los corredores Buenaventura-Loboguerrero-Buga y Puerto Salgar-Barrancabermeja, además de la Troncal del Magdalena y el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Mientras tanto, proyectos estratégicos como Accesos Norte II, ALO Sur, Estanquillo-Popayán, Villeta-Guaduas, Cajamarca, Dorada-Chiriguaná y Canal del Dique continúan atrapados entre etapas de preconstrucción, factibilidad, trámites ambientales o procesos administrativos. Este escenario representa uno de los principales retos para un sector considerado determinante para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad del país.
LITIGIOS Y LICENCIAS FRENAN OBRAS ESTRATÉGICAS
Jean Pierre Serani, líder de Odinsa.
Además del rezago en la ejecución, la nueva administración deberá enfrentar conflictos que mantienen paralizadas iniciativas clave. Uno de los casos más relevantes es el de Conexión Centro, la propuesta presentada por Odinsa para modernizar el corredor Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá-La Paila, cuya inversión supera los $7 billones. Aunque un consultor contratado por la ANI recomendó continuar el proceso, la entidad rechazó la iniciativa, decisión que motivó un requerimiento de la Contraloría para explicar las razones técnicas y jurídicas del cambio de criterio. A ello se suma la incertidumbre alrededor del Canal del Dique, cuya licencia ambiental fue revocada y obligó a elaborar nuevos estudios sobre su impacto ecológico. El Gobierno también deberá definir el rumbo del corredor férreo Dorada-Chiriguaná, llamado a reactivar más de mil kilómetros de red ferroviaria, así como garantizar la continuidad de proyectos que ya generan miles de empleos pese a enfrentar problemas de orden público y demoras regulatorias.
LA PETROLERA ESTATAL CON CONTRATOS BAJO SOSPECHA
Juan Carlos Hurtado Parra, presidente (e) de Ecopetrol.
El otro gran desafío llegará desde Ecopetrol, donde la junta directiva deberá decidir si congela contratos cercanos a USD 700 millones en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación. Memorandos internos solicitaron suspender temporalmente varias adjudicaciones para preservar la transparencia y la confianza institucional, mientras un anónimo señala posibles filtraciones de información privilegiada, pago de comisiones ilegales y favorecimiento a determinadas empresas. Aunque las denuncias ya fueron remitidas a Auditoría Interna y al área de Cumplimiento, los procesos continúan abiertos. La definición coincidirá con el cambio de Gobierno y marcará uno de los primeros retos del presidente De La Espriella para fortalecer la gobernanza corporativa y la credibilidad de la principal empresa estatal del país.
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