El Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por los familiares de Luis Eduardo Girón Acosta, víctima reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de una ejecución extrajudicial cometida por el Ejército Nacional en Huila. Girón Acosta fue asesinado entre 2005 y 2008, en uno de los casos conocidos como “falsos positivos”, cuando soldados reportaban falsamente a civiles como bajas en combate para inflar resultados militares.
Los familiares argumentaron que recién en 2023 y 2024, gracias a los procesos de la JEP, pudieron acceder a pruebas suficientes para fundamentar su caso y que la norma que fija un año para presentar el recurso es inconstitucional porque limita el acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el Consejo de Estado fue tajante: el recurso fue presentado fuera de plazo, siete años después de la sentencia inicial, lo que configura causal legal de rechazo.
El tribunal resaltó que las normas procesales son de orden público y su incumplimiento pone en riesgo la seguridad jurídica, un principio fundamental para evitar indefiniciones legales y preservar el debido proceso.
Derecho a la justicia
El Consejo de Estado defendió el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo, negando que su aplicación limite el acceso a la justicia. Enfatizó que los demandantes no demostraron causas objetivas que justificaran la tardanza, como enfermedad o impedimentos graves, por lo que el derecho a impugnar la sentencia estuvo disponible para ellos dentro del término legal.
Esta decisión ha generado un intenso debate sobre si la justicia formal y sus límites procesales deben prevalecer en casos de justicia transicional, donde las víctimas suelen descubrir evidencias años después, gracias a procesos como los de la JEP.
Contexto del crimen
Luis Eduardo Girón Acosta fue asesinado el 25 de mayo de 2007 en Pitalito, Huila, por tropas del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena. Este caso forma parte de los más de 200 “falsos positivos” documentados en la región, donde civiles fueron ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios ilegales.
En 2023, el Ministerio de Defensa pidió perdón públicamente a 18 familias víctimas en Huila, Putumayo y Caquetá, reconociendo que estas personas “no eran guerrilleros, fueron asesinados”.
Larga espera
Aunque las familias esperaban una reparación digna y el acceso a mecanismos judiciales para hacer valer sus derechos, la negativa del Consejo de Estado a revisar el caso retrata la complejidad de conjugar justicia material con seguridad jurídica. Este fallo reabre la discusión sobre la eficacia del sistema judicial para atender casos de violaciones graves en contextos postconflicto y la necesidad de adaptar procedimientos para proteger a las víctimas.