El pasado fin de semana, nuevamente Pasto fue escenario de una serie de hechos lamentables que reflejan una profunda crisis en la convivencia ciudadana y en el respeto a la autoridad. Los operativos nocturnos, liderados por el llamado “asesor nocturno” de la Alcaldía, han sido foco de controversia por sus métodos, pero más preocupante aún ha sido la reacción de la ciudadanía, que no solo incumple las normas sino que responde con violencia.
No es un secreto que conducir bajo los efectos del alcohol es un delito. Sin embargo, parece que una parte de la ciudadanía aún no lo entiende o, peor, lo ignora deliberadamente. Las calles del centro de la ciudad han sido testigos de motociclistas ebrios, vehículos particulares circulando sin control, y fiestas que terminan en altercados. Esta conducta irresponsable, lejos de ser una manifestación de libertad, representa un peligro para todos.
Ahora bien, también es necesario poner la lupa sobre las actuaciones del equipo encargado de los operativos. Las denuncias sobre maltratos, prepotencia y falta de protocolos adecuados no pueden pasarse por alto. La autoridad se ejerce con legalidad, respeto y transparencia. Cuando esto no ocurre, se pierde la legitimidad y, con ella, el respaldo ciudadano.
Sin embargo, ningún error justifica la violencia. En los últimos días hemos sido testigos de agresiones físicas a funcionarios públicos, algunos incluso quemados con bebidas artesanales. Esta escalada de violencia es inadmisible. No se puede permitir que la ciudad se convierta en un campo de batalla entre autoridad y comunidad. Si hay errores institucionales, existen mecanismos legales para denunciarlos, no la barbarie.
El alcalde Nicolás Toro, elegido por voto popular, tiene el deber urgente de tomar las riendas de esta situación. Su papel no puede limitarse a observar o delegar. Necesita “ponerse los pantalones” y ejercer liderazgo con decisiones firmes, claras y responsables. La ciudad necesita orden, pero un orden que respete los derechos humanos y las garantías constitucionales.
A su vez, la ciudadanía tiene que asumir su parte. Salir de fiesta implica también planificar el regreso. No es justo ni sensato exigir derechos cuando no se cumplen deberes. Si hay dinero para licor, también debe haber para un taxi o transporte público. No se puede seguir romantizando la inconsciencia o normalizando la violencia.
Pasto merece algo mejor. Merece una ciudadanía consciente y autoridades competentes. El caos que estamos viviendo no puede seguir siendo el pan de cada fin de semana. Es hora de que todos —funcionarios, líderes y ciudadanos— recordemos que el respeto por la ley es la base de cualquier sociedad civilizada. Si no lo entendemos ahora, tal vez mañana ya no tengamos ciudad que ordenar.