En el Departamento de Cundinamarca, 590 adolescentes han ingresado este año al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, una cifra que refleja un crecimiento sostenido de conductas delictivas en menores de edad.
El 23,9 % de los casos corresponde a hurtos, el 13 % a tráfico de estupefacientes, el 9,7 % a abuso sexual y el 8,2 % a lesiones personales. Estas estadísticas no solo encienden alarmas institucionales, sino que revelan un problema que avanza sin que existan aún respuestas estructurales lo suficientemente fuertes.
Aunque la cifra preocupa, el departamento decidió no centrarse únicamente en la sanción penal. A través de la justicia restaurativa, busca prevenir la reincidencia y acompañar a los jóvenes en procesos educativos, culturales y deportivos que les permitan construir nuevas oportunidades.
Combatir la delincuencia juvenil
Como parte de la estrategia, se están fortaleciendo infraestructuras especializadas como la Unidad de Reacción Inmediata en Soacha y el Centro de Atención Especializado en Girardot, espacios que atenderán de forma diferenciada a adolescentes infractores.
“Si no intervenimos a tiempo, muchos de estos jóvenes terminan atrapados en el delito. No podemos seguir ignorando esta realidad”, advirtió Luis Fernando Navarro, secretario de Seguridad Ciudadana de Cundinamarca.
La estrategia incluye además trabajo articulado con alcaldías, la Policía, el ICBF y comités escolares de convivencia.
En lo que va del año, se han adelantado 38 asistencias técnicas en instituciones educativas de 11 municipios, con actividades preventivas dirigidas a estudiantes y familias.
Sin embargo, expertos advierten que, aunque esta apuesta representa un avance, no es suficiente frente a la velocidad con que crece el fenómeno. La falta de oportunidades, el abandono familiar y los entornos violentos siguen siendo factores determinantes.
“La justicia restaurativa es necesaria, pero no puede ser la única respuesta. Se requieren políticas sostenidas de inclusión y empleo juvenil”, señaló una trabajadora social vinculada a uno de los programas.
La delincuencia juvenil se consolida así como una amenaza silenciosa, que exige acción coordinada, inversión y voluntad política real.