Después de más de dos décadas de haber sido acusado, el exjuez de paz Harvy Mina, quien ejercía en la comuna 20 de la ciudad, ha recibido un fallo favorable por parte del Consejo de Estado. El alto tribunal determinó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la rama judicial deberán responder por las consecuencias derivadas de un proceso judicial lleno de irregularidades que llevó a Mina a pasar 18 meses en prisión de manera indebida.
Caso
Los hechos se remontan al año 2002, cuando fue señalado de liderar una presunta banda criminal dedicada a extorsionar a comerciantes del sector. Las acusaciones, que en su momento fueron ampliamente divulgadas por medios locales, se basaron en investigaciones que más tarde se demostrarían carentes de sustento probatorio. A pesar de la gravedad de los señalamientos, durante el proceso judicial no se pudo comprobar su participación en los actos delictivos que se le atribuían. El Consejo de Estado concluyó que hubo errores graves de procedimiento por parte de las autoridades judiciales y del ente investigador, los cuales vulneraron los derechos fundamentales de Mina. El fallo establece que el Estado deberá reparar integralmente al exjuez de paz, no solo por los daños morales y materiales ocasionados, sino también por el impacto que la detención tuvo en su entorno familiar y profesional.
Situaciones
Estuvo privado de su libertad, tiempo en el que perdió su cargo como juez de paz. “Lo que yo viví en la cárcel fue tremendo. Tenía cinco hijos menores de edad. Fue una situación muy complicada en el sentido de lo que tiene que vivir uno siendo inocente, porque el Estado se equivoca”, expresó ante los medios de comunicación tras conocer el fallo. El exfuncionario subrayó la necesidad de que se le repare en su buen nombre. “Tienen que repararme, reparar a mi familia y también recuperar mi buen nombre, en el sentido de hacer unos comunicados y por todos los medios anunciarle a la gente que yo soy una persona inocente frente a lo que se me imputó en el año 2002”, insistió.
Disculpas
El Consejo de Estado ordenó que se emitan disculpas públicas a través de canales oficiales y que se realice un acto de reconocimiento de inocencia, como parte de las medidas de reparación simbólica. De igual forma, se estableció que el Estado deberá indemnizar a Mina por los perjuicios causados, incluyendo los daños materiales, morales y los relacionados con su vida familiar y profesional.
