El proyecto de reforma al sistema de salud impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una fuerte crisis institucional tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de aplazar el debate mientras no se presenten fuentes de financiamiento claras. Esta situación sitúa al proyecto “al borde del naufragio”, según voceros parlamentarios.
Bloqueos legislativos y exigencias de claridad
Legisladores de diferentes partidos manifestaron que la aprobación de la reforma no puede avanzarse sin antes establecer con precisión cómo se financiará el nuevo modelo de salud propuesto. La ponencia que debía presentarse fue retirada y parte del texto del proyecto quedó suspendido hasta la entrega de un estudio actuarial completo y de las correspondientes garantías presupuestales.
Varios senadores señalaron que, en su forma actual, la reforma plantea riesgos para la sostenibilidad financiera del sistema y podría generar un incremento de la carga fiscal para los contribuyentes simplemente sin entregar mejoras sustanciales.
Principales ejes de la reforma
El Gobierno planteaba los siguientes objetivos dentro del texto reformado:
- Unificar los regímenes contributivo y subsidiado en salud para eliminar las brechas entre los asegurados.
- Fortalecer la red pública hospitalaria en zonas rurales o apartadas.
- Crear mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los servicios de salud.
- Establecer nuevos criterios para la atención de especialidades médicas para reducir listas de espera.
Reacciones del Ejecutivo y agentes sociales
Desde la Casa de Nariño, el ministro de Salud fue encargado de explicar que el proyecto seguirá su curso, aunque reconoció que se exigirán ajustes en el cronograma de aprobación. En tanto, gremios médicos y asociaciones de pacientes expresaron preocupación ante la demora. Algunos actores coincidieron en que esta incertidumbre podría afectar la implementación de mejoras en el corto plazo.
Impacto en el sistema y la ciudadanía
Analistas advierten que la paralización del debate podría tener consecuencias negativas para los usuarios, en especial para las poblaciones más vulnerables que esperaban cambios rápidos en el sistema de salud. A su vez, los riesgos de desfinanciación podrían generar una crisis de acceso, cobertura y calidad en los servicios públicos.
¿Qué sigue ahora?
El cronograma legislativo quedó nuevamente en vilo. La Comisión Séptima deberá fijar un nuevo calendario, que podría demandar semanas o meses adicionales. Mientras tanto, la reforma permanece en una fase de espera, y muchos sectores advierten que de no lograrse un acuerdo en el corto plazo, el proyecto podría perder su momento político.