La Organización de las Naciones Unidas elevó este lunes la presión sobre Estados Unidos por el número de personas que han muerto mientras permanecían bajo custodia migratoria. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que 23 personas han fallecido bajo custodia migratoria estadounidense durante 2026, después de que cuatro nuevos casos se sumaran a la cifra comunicada anteriormente.
Türk reclamó que las autoridades estadounidenses establezcan responsabilidades por estas muertes y pidió que se adopten medidas para impedir que continúen ocurriendo. El pronunciamiento se produjo durante la apertura de una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El señalamiento internacional ocurre en un momento de fuerte expansión del sistema de detención migratoria estadounidense. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el Gobierno ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una de sus principales prioridades, incrementando las detenciones y ampliando la capacidad destinada a mantener bajo custodia a personas sujetas a procesos migratorios.
La ONU no solo cuestionó las muertes ocurridas dentro del sistema de detención. Türk también expresó preocupación por las deportaciones hacia países donde los migrantes podrían enfrentar situaciones de peligro grave y pidió a Washington respetar el debido proceso en las expulsiones hacia terceros países.
23 muertes registradas durante 2026
La cifra comunicada por Türk representa un incremento respecto de la información presentada por su oficina en junio.
En ese momento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido que 18 personas habían muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, durante los primeros cinco meses de 2026. Posteriormente se reportó al menos una muerte adicional durante junio.
Ahora, cuatro nuevos fallecimientos registrados desde la última actualización llevaron el total señalado por el Alto Comisionado a 23 muertes durante 2026.
“Hay que rendir cuentas por estas muertes”, sostuvo Türk durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, según la información difundida sobre su discurso.
La declaración es especialmente significativa porque las personas que se encuentran bajo custodia estatal dependen directamente de las autoridades para recibir atención médica, alimentación, alojamiento y protección frente a situaciones que puedan poner en peligro su vida.
¿Por qué la ONU está preocupada por las muertes bajo custodia?
La preocupación de Naciones Unidas se relaciona no solamente con el número absoluto de fallecimientos, sino también con las condiciones en las que se producen y con la necesidad de esclarecer sus circunstancias.
Un informe publicado en junio por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentó un fuerte aumento de las muertes en instalaciones administradas o utilizadas por ICE durante el segundo mandato de Trump. El estudio señaló que 52 personas habían muerto bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026.
Ese dato corresponde a un periodo mucho más amplio que las 23 muertes mencionadas por Türk para 2026, por lo que ambas cifras no deben confundirse. La cifra de 23 corresponde al acumulado de muertes bajo custodia migratoria estadounidense señalado por el Alto Comisionado para el año 2026, mientras que las 52 muertes del informe de Human Rights Watch abarcan desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta comienzos de junio de 2026.
El estudio de las organizaciones de derechos humanos concluyó que la tasa de mortalidad en custodia de ICE había alcanzado su nivel más elevado en casi dos décadas.
El sistema de detención migratoria creció de forma considerable
El aumento de las muertes se produce paralelamente a una expansión significativa de la población detenida.
Según Human Rights Watch, la cantidad de personas bajo custodia migratoria llegó a superar las 71.000 personas en enero de 2026, un máximo registrado durante el periodo analizado por la organización.
El informe advierte, sin embargo, que el aumento de las muertes no puede explicarse únicamente por el incremento en el número de personas detenidas.
De acuerdo con su análisis, entre enero de 2025 y enero de 2026 la población detenida aumentó alrededor de 77 %, mientras que el número anual de muertes creció en una proporción mucho mayor. Como consecuencia, la tasa anualizada de mortalidad por cada 10.000 personas detenidas aumentó aproximadamente 138 %.
Para las organizaciones que elaboraron el estudio, este comportamiento plantea interrogantes sobre las condiciones existentes dentro del sistema de detención y sobre la calidad de la atención que reciben las personas privadas de libertad por razones migratorias.
Falta de información sobre las circunstancias de las muertes
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights tiene que ver con la transparencia.
El informe sostiene que, en los casos analizados, la información pública disponible no permitió determinar adecuadamente las circunstancias de las muertes ni evaluar de manera concluyente la atención médica proporcionada antes del fallecimiento.
Las organizaciones recuerdan que las propias políticas de ICE establecen obligaciones de notificación pública cuando una persona muere bajo custodia. Según el informe, ICE contempla la divulgación pública de una muerte dentro de las primeras 48 horas y un reporte más detallado de las circunstancias dentro de los 30 días.
Sin embargo, Human Rights Watch señala que la información publicada en numerosos casos ha sido insuficiente para que familiares, especialistas médicos y organizaciones independientes puedan reconstruir con claridad lo sucedido.
La falta de información adquiere especial relevancia en casos en los que existen interrogantes sobre la atención médica recibida, el uso de la fuerza, las condiciones de alojamiento o las circunstancias inmediatamente anteriores al fallecimiento.
El informe documentó problemas médicos y de supervisión
La investigación conjunta también examinó las condiciones relacionadas con la atención médica de las personas detenidas.
Human Rights Watch explicó que Physicians for Human Rights analizó clínicamente 39 muertes ocurridas durante el primer año del segundo mandato de Trump y revisó la documentación disponible sobre las circunstancias médicas de los fallecidos.
El análisis identificó problemas relacionados con la atención sanitaria, la supervisión y la transparencia del sistema.
La organización sostiene que, cuando el Estado mantiene a una persona bajo custodia, adquiere una obligación reforzada de proteger su vida y garantizar que tenga acceso a una atención médica adecuada.
Esto resulta particularmente importante porque algunas personas pueden ingresar al sistema de detención con enfermedades crónicas, problemas de salud mental u otras condiciones que requieren seguimiento médico.
El informe también encontró que una parte de los fallecimientos se produjo poco tiempo después del ingreso a custodia. De los 39 casos estudiados, 14 personas murieron durante las primeras dos semanas de detención y 12 de ellas fallecieron durante la primera semana.
Estos datos no demuestran por sí mismos que las muertes hayan sido provocadas por negligencia, pero sí explican por qué organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes y una mayor transparencia.
La ONU también cuestiona las deportaciones hacia países peligrosos
La preocupación de Volker Türk no se limitó a las muertes ocurridas en los centros de detención.
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado pidió a Estados Unidos detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables.
Entre los países mencionados estuvo Haití, donde la situación de seguridad continúa siendo especialmente grave.
Türk también reclamó que Washington garantice el debido proceso en las expulsiones hacia terceros países, una cuestión que ha adquirido mayor relevancia a medida que Estados Unidos amplía sus políticas de deportación.
La preocupación de Naciones Unidas parte del principio de que un Estado no debería trasladar a una persona a un lugar donde exista un riesgo serio de sufrir violaciones graves de sus derechos fundamentales.
La controversia ocurre en medio de una política migratoria más estricta
El contexto político estadounidense resulta fundamental para comprender la dimensión de la controversia.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración ha impulsado una política migratoria más restrictiva, con mayor énfasis en las detenciones y deportaciones.
El aumento de las operaciones de control migratorio ha llevado a un crecimiento de la población bajo custodia de ICE, mientras que las autoridades han buscado ampliar la capacidad del sistema de detención.
Human Rights Watch señaló que el Gobierno estadounidense ha recurrido a la detención obligatoria de un número creciente de migrantes y ha impulsado una mayor participación de las fuerzas policiales estatales y locales en tareas de aplicación de las leyes migratorias.
La organización también señaló que miles de personas detenidas no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.
Según los datos recogidos en su informe, en abril de 2026 menos de 18.000 de más de 60.000 personas detenidas por ICE tenían una condena penal previa en Estados Unidos, mientras que aproximadamente 24.000 no tenían ni una condena previa ni cargos penales pendientes.
Estos datos han alimentado el debate sobre hasta qué punto el sistema de detención migratoria está siendo utilizado como una herramienta generalizada de control migratorio.
La ONU cuestiona además el uso de la fuerza
Durante su intervención, Türk también expresó preocupación por los reportes sobre los planes de ICE para proporcionar a sus agentes guantes capaces de producir descargas eléctricas.
El Alto Comisionado manifestó que una herramienta de ese tipo podría incrementar la violencia asociada con las operaciones de control migratorio.
La preocupación se suma a las críticas que ya existen sobre determinadas actuaciones de agentes migratorios y sobre el uso de la fuerza durante operaciones de control.
Por ello, el pronunciamiento de la ONU no se limita a pedir explicaciones por los fallecimientos. También plantea una discusión más amplia sobre el modo en que Estados Unidos está ejecutando sus políticas migratorias.
¿Qué significa que la ONU pida “rendición de cuentas”?
La exigencia de rendición de cuentas no significa que la ONU haya declarado automáticamente responsables de las 23 muertes a funcionarios estadounidenses.
El planteamiento de Türk es una exigencia de investigación y esclarecimiento de los fallecimientos y de adopción de medidas para impedir que se repitan.
En otras palabras, la ONU reclama que las autoridades determinen qué ocurrió en cada caso, si existieron fallas en la atención médica o en los protocolos de seguridad y si algún funcionario o institución incurrió en responsabilidades.
Human Rights Watch también ha pedido investigaciones completas y la publicación de información suficiente sobre cada muerte. Su informe sostiene que el Gobierno estadounidense debería garantizar investigaciones exhaustivas y hacer públicos los datos relevantes de cada caso.
Un problema que trasciende las cifras
Detrás de las estadísticas existen 23 personas que murieron mientras estaban bajo custodia migratoria durante 2026, además de decenas de fallecimientos registrados desde el inicio del segundo mandato de Trump.
La cifra de 23 no explica por sí sola qué ocurrió en cada caso. Cada muerte tiene circunstancias particulares y requiere una investigación individual para determinar sus causas.
Sin embargo, para Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, el número acumulado y la evolución de la tasa de mortalidad justifican una revisión profunda del funcionamiento del sistema.
El desafío para las autoridades estadounidenses consiste en garantizar que la política migratoria pueda aplicarse respetando las obligaciones derivadas del derecho nacional e internacional, especialmente cuando el Estado tiene bajo su control directo la vida y la salud de las personas detenidas.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El pronunciamiento de Volker Türk aumenta la presión internacional sobre Washington, pero no constituye por sí mismo una orden jurídicamente vinculante para el Gobierno estadounidense.
La principal consecuencia inmediata es política y diplomática: Naciones Unidas deja constancia pública de su preocupación y reclama acciones a las autoridades estadounidenses.
La presión también puede aumentar sobre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para mejorar la transparencia, publicar información sobre los fallecimientos y garantizar investigaciones independientes.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan documentando las condiciones de los centros de detención y reclamando que la privación de libertad por motivos migratorios sea utilizada únicamente cuando resulte necesaria y bajo garantías adecuadas.
El informe de Human Rights Watch recomienda reducir el número de personas detenidas, mejorar la atención médica y reforzar la supervisión del sistema. También sostiene que deberían priorizarse alternativas a la detención cuando sea posible.
Un nuevo foco de tensión entre Washington y organismos internacionales
La denuncia de la ONU se suma a una serie de cuestionamientos internacionales sobre la política migratoria estadounidense.
El número de detenciones, la expansión de la infraestructura migratoria, las condiciones dentro de algunos centros y las muertes bajo custodia han convertido al sistema de ICE en uno de los principales focos de discusión sobre derechos humanos dentro de Estados Unidos.
Para Naciones Unidas, la cuestión central no es únicamente cuántas personas han muerto, sino si el Estado está cumpliendo con su obligación de proteger a quienes se encuentran bajo su control.
Con 23 muertes registradas en custodia migratoria durante 2026, el llamado de Volker Türk coloca nuevamente la situación de los centros de detención estadounidenses bajo la mirada internacional y abre nuevas preguntas sobre la transparencia, la atención médica y las garantías de derechos de los migrantes detenidos.
Nota editorial: Es importante diferenciar las cifras: los 23 fallecimientos corresponden al total de muertes bajo custodia migratoria estadounidense señalado por el Alto Comisionado de la ONU para 2026, mientras que el informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights contabilizó 52 muertes bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026. Son periodos y registros diferentes, por lo que no deben sumarse.