POLÍTICA

En menos de un año, 86 cámaras de Bogotá ya están fuera de servicio

El concejal Andrés Barrios criticó fuertemente a la Secretaría de Seguridad de Bogotá tras denunciar que, de las 310 cámaras multisensor instaladas entre mayo y diciembre de 2024, 86 ya no estaban operativas a principios de este año. Según Barrios, las cámaras presentan fallas de conectividad y energización, lo que pone en entredicho su efectividad en el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura.  «Es inaudito que después de tanta inversión, estas cámaras no duren ni un año funcionando», expresó el concejal. Las cámaras, que deberían estar conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), están comprometidas por fallas técnicas que afectan la seguridad de los ciudadanos. Barrios hizo un llamado a la Secretaría para que asuma la responsabilidad y garantice la operatividad de este sistema de vigilancia.

En juego El Campín

Bernal alerta por pérdidas millonarias tras contrato con empresa privada El millonario contrato firmado entre el Distrito y la empresa Esencia para remodelar y operar el estadio Nemesio Camacho El Campín desató una nueva polémica en el Concejo de Bogotá. La concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, lanzó una serie de críticas sobre la falta de transparencia en la estructuración del acuerdo, las pérdidas económicas para la ciudad y la incertidumbre en la que han quedado decenas de trabajadores y sindicatos que históricamente laboraban en este escenario deportivo. Durante una sesión de la Comisión del Plan, Bernal advirtió que el contrato, lejos de ser “gratuito” para la ciudad, como lo ha afirmado la administración, implica una pérdida millonaria para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). “Se nos quiere vender la idea de que Bogotá no pierde nada con esta alianza público-privada, pero eso no es cierto. Solo en ingresos por arriendos, el IDRD dejará de percibir más de 12.000 millones de pesos anuales. Si proyectamos eso a 30 años, hablamos de al menos 360.000 millones que ya no entrarán a las finanzas públicas”, señaló. Más allá de los números, Bernal prendió las alarmas sobre un posible conflicto de intereses. Denunció que el actual gerente de Esencia, Jaime Luque, fue asesor en el IDRD y participó activamente en la planeación del modelo contractual que hoy lidera desde el sector privado. “Esto es gravísimo. Una persona que diseñó el modelo desde lo público, ahora aparece al frente de la empresa que se queda con la operación del estadio. Esto debe ser investigado por los órganos de control”, dijo, al solicitar formalmente a la Contraloría de Bogotá abrir una indagación. La concejala también hizo énfasis en la falta de información clara sobre la participación ciudadana en este proceso. A través de derechos de petición solicitó los registros de las supuestas mesas técnicas convocadas por el IDRD, y pidió explicaciones sobre cómo se garantizó la inclusión de vecinos, trabajadores, sindicatos y vendedores informales. “Lo que hay hasta ahora es opacidad, promesas vagas y un modelo que parece diseñado desde arriba, sin tener en cuenta a quienes hacen parte del tejido social y laboral del estadio”, afirmó. Trabajadores, los grandes olvidados del contrato Uno de los puntos más sensibles expuestos por la cabildante es el futuro laboral de los trabajadores y sindicatos que operaban en El Campín. “Nadie ha dicho qué pasará con ellos. ¿Habrá reubicación? ¿Fueron tenidos en cuenta en el nuevo modelo? ¿O simplemente se quedaron por fuera?”, preguntó, advirtiendo que este tipo de transiciones deben garantizar derechos adquiridos y evitar que los cambios terminen siendo una excusa para precarizar el empleo. Bernal también lamentó que la Filarmónica de Bogotá, que debía beneficiarse culturalmente con este proyecto, solo haya recibido un espacio para ensayos. “Una ciudad como Bogotá necesita proyectos que fortalezcan lo público, no que lo debiliten. Aquí se perdió una gran oportunidad para integrar lo deportivo con lo cultural y lo comunitario”, expresó. La concejala finalizó su intervención insistiendo en que modernizar la infraestructura no debe ser sinónimo de privatizarla. “No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de un modelo de ciudad que relega lo público a favor de intereses privados. El Campín fue una donación para los sectores populares de Bogotá. Hoy su futuro parece haber sido negociado a puerta cerrada, sin pensar en quienes realmente lo habitan y lo viven”. Bernal exigió que el contrato sea revisado con lupa y que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán responda, con total transparencia, a cada una de las preguntas que ha elevado desde el Concejo.

UAESP EN EL OJO DEL HURACÁN: Diago denuncia irregularidades en contratación de personal

 Presuntamente Daniel Barrágan habría recibido jugoso contrato Una nueva controversia sacude a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Esta vez, el foco está en Daniel Barragán, un contratista que, según la concejal Diana Diago, habría sido beneficiado con un contrato de más de 220 millones de pesos sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la entidad. Barragán fue vinculado mediante el contrato UAESP-004-2024 para brindar apoyo especializado en la Dirección General de la entidad. Para asumir ese rol, debía contar con un posgrado y más de 97 meses de experiencia profesional. Sin embargo, la documentación que presentó solo acredita 60 meses. A pesar de esta evidente falta de experiencia, el contrato fue firmado y luego incluso adicionado, superando los 220 millones de pesos. Homologaciones forzadas y cercanías políticas De acuerdo con Diago, la UAESP habría justificado esta contratación “acomodando” la experiencia que faltaba mediante una discutida homologación de su formación académica. “Una maestría no reemplaza casi cuatro años de experiencia laboral, pero así están manejando los contratos públicos en esta entidad”, cuestionó la concejal. Lo que más preocupa, según Diago, es que esta no sería una situación aislada. Ya en ocasiones anteriores, la cabildante había denunciado irregularidades similares con otros contratistas, como Isabel Camacho, supuestamente cercana a la directora Consuelo Ordóñez. En ese caso, Camacho quien habría sido su asistente durante una campaña política fue contratada y luego renovada, pese a tener funciones poco claras y escasa experiencia documentada. El caso de Barragán sigue el mismo patrón. Según la denuncia, su cercanía con Ordóñez se remonta a varios años atrás, cuando trabajaron juntos en la Gobernación de Santander y luego en diferentes dependencias del Distrito. Esa relación de confianza parece haber sido más determinante que el cumplimiento de los requisitos legales para su contratación. Una práctica repetida con total impunidad Para Diago, este tipo de prácticas son una muestra de cómo se estarían utilizando los recursos públicos para pagar favores políticos: “No se trata de meritocracia ni de transparencia. Aquí lo que hay es una cadena de contratos dirigida a beneficiar a los amigos de la directora. Y mientras tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán guarda silencio”. La concejal advierte que lo ocurrido en la UAESP no solo compromete la ética institucional, sino que también erosiona la credibilidad de los procesos contractuales del Distrito. Pide una intervención inmediata de los entes de control y mayor vigilancia ciudadana sobre la forma en que se manejan los recursos públicos. El contrato sería de aproximadamente 200 millones de pesos, además la concejal denuncia que este funcionario al igual que muchos no cuentan con los requisitos necesarios para el cargo.

Bogotá lanza su primer libro oficial de turismo en la FilBo

El director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría, presentó Bogotá, tu casa, el primer libro oficial de turismo de la ciudad, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo). Esta publicación, respaldada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reúne los principales atractivos turísticos y rutas que muestran a la capital como un destino vibrante, diverso y lleno de experiencias por descubrir. La obra recopila 103 lugares y 39 rutas organizadas en siete capítulos temáticos: cultura, naturaleza, entretenimiento, gastronomía, diversidad e inclusión, compras y grandes eventos. Según Santamaría, el libro es el resultado de una misión que recorrió toda Bogotá y parte de la región para documentar lo mejor del turismo local bajo criterios de sostenibilidad, innovación, calidad y seguridad.

Neiva fortalece acciones en derechos humanos y convivencia ciudadana

Fortalecen los derechos humanos y convivencia ciudadana

Con el liderazgo de Jorge Enrique Lozano Mestre, actual encargado de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Neiva, se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia del 2025. En esta jornada participaron múltiples actores institucionales como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Procuraduría, representantes de víctimas, reincorporados, corregidores, y miembros de la sociedad civil. Durante la sesión se presentó y aprobó el Plan de Acción de la Política Pública de Paz del municipio, que orientará las estrategias en derechos humanos, reconciliación y convivencia para este nuevo año. El plan fue concertado con enfoque participativo, incluyendo las voces de organizaciones sociales, ediles y líderes comunitarios. Alerta temprana Uno de los puntos más relevantes de la sesión fue la socialización de la Alerta Temprana 001 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, la cual advierte riesgos sobre la seguridad y los derechos humanos en zonas específicas del municipio. Lozano Mestre señaló que se prepara una respuesta articulada entre entidades del orden local y nacional para atender de forma oportuna esta situación. Con este primer paso, Neiva reafirma su compromiso con la paz territorial, la prevención de violencias y la protección de las comunidades más vulnerables. Jorge Enrique Lozano Mestre enfatizó que el seguimiento a esta alerta será constante, y que se desplegarán acciones concretas como brigadas institucionales, comités de verificación y mesas comunitarias para escuchar a las poblaciones afectadas. Además, se fortalecerán las rutas de atención psicosocial y jurídica, con énfasis en la prevención del reclutamiento forzado de menores, la violencia intrafamiliar y la presencia de grupos armados ilegales.

Cobro desproporcionado: La grave situaciòn que enfrentan los comerciantes del Gran San 

Los comerciantes del reconocido centro comercial Gran San, ubicado en el corazón de San Victorino, denuncian una situación crítica que amenaza la sostenibilidad de sus negocios: el cobro excesivo del impuesto predial, derivado de un avalúo catastral que consideran totalmente desproporcionado e injusto frente a la realidad de sus inmuebles. Según los afectados, el avalúo por metro cuadrado establecido por Catastro Distrital supera los 98 millones de pesos, una cifra que, en la práctica, convierte a locales pequeños de apenas tres metros cuadrados en propiedades avaluadas en más de 650 millones de pesos. En el caso de espacios medianos, las cifras se disparan a más de 2.500 millones, generando una carga tributaria que ha crecido de forma descontrolada desde el año 2022. Avalúos inflados que no reflejan la realidad La concejal Sandoval, quien ha acompañado la denuncia de los comerciantes, cuestionó duramente el proceso de valoración realizado por el Distrito. Asegura que los locales del Gran San están siendo tratados fiscalmente como si se tratara de centros comerciales de alto perfil como Unicentro o Andino, a pesar de no contar con la misma infraestructura, ubicación o condiciones urbanísticas. «La comparación no tiene sentido. El Gran San tiene una vocación comercial muy distinta, con locales pequeños, pasillos estrechos y condiciones operativas diferentes. Imponerle una carga tributaria como si fuera un centro comercial premium es castigar el comercio popular que genera empleo y tributa formalmente», afirmó la concejal. Diferencias marcadas y competencia desleal Lo que más preocupa a los comerciantes es la falta de coherencia del sistema de avalúos. Según ellos, a tan solo unos metros del Gran San hay bodegas con características similares cuyos avalúos son hasta 60% más bajos, lo que para Sandoval evidencia fallas graves en el modelo de valoración catastral del Distrito. Además del impacto financiero, esta situación genera una competencia desleal. Mientras los comerciantes formalizados enfrentan pagos desproporcionados de predial, otros sectores del comercio que operan por fuera del marco legal lo hacen sin asumir esas mismas cargas. “Se está castigando a quien cumple con la ley”, denunció Sandoval. Empleos en riesgo  La concejal advirtió que, si no se corrige el problema, podrían perderse miles de empleos formales que dependen del funcionamiento del Gran San. Actualmente, el centro comercial genera más de 15 mil empleos directos e indirectos, y su colapso tendría efectos negativos en la economía local. “El Distrito no puede continuar ignorando esta problemática. El comercio formal es el que sostiene gran parte del recaudo y la generación de empleo en Bogotá. Necesitamos soluciones reales y una revisión urgente de estos avalúos desbordados que están llevando a la quiebra a cientos de negocios”, concluyó Sandoval.

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