La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de iniciar operativos para identificar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular provocó un intenso enfrentamiento entre congresistas. Mientras el oficialismo defiende la medida en nombre de la seguridad y el orden, sectores de oposición advierten sobre una posible estigmatización de los migrantes.
La política migratoria del Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo frente de confrontación política en Colombia. El mandatario ordenó a las autoridades iniciar operativos para identificar a extranjeros que se encuentren en situación irregular y priorizar los casos de personas vinculadas con actividades delictivas.
El anuncio fue realizado durante un consejo de seguridad en Barranquilla, donde el presidente sostuvo que quienes estén cometiendo delitos y quienes no tengan regularizada su situación migratoria deberán afrontar los procedimientos correspondientes. La instrucción contempla la coordinación entre la Policía y Migración Colombia.
Fuerte discusión entre congresistas
La decisión generó posiciones enfrentadas en el Congreso. En el programa 6AM W de Caracol Radio, la representante del Pacto Histórico Alexandra Pineda cuestionó la medida y afirmó que la migración irregular no puede convertirse en una justificación para estigmatizar a quienes llegan al país.
Pineda sostuvo que una situación migratoria irregular no equivale a la comisión de un delito y expresó preocupación por lo que considera un riesgo de criminalización de la población migrante, especialmente de los ciudadanos venezolanos.
Desde una posición contraria, el representante del Centro Democrático Alejandro Murcia defendió la necesidad de fortalecer los controles migratorios y argumentó que el Estado debe garantizar el orden y la seguridad dentro del territorio nacional. El debate evidenció las profundas diferencias entre ambos sectores sobre la manera en que Colombia debe enfrentar la migración irregular.
Seguridad y migración, en el centro del debate
El Gobierno sostiene que los operativos buscan principalmente identificar a extranjeros que estén involucrados en actividades delictivas y posteriormente avanzar con los procesos de deportación que correspondan. Un funcionario de Migración Colombia consultado por Caracol Radio respaldó la medida y señaló que, desde la perspectiva de la soberanía y el orden público, el control migratorio tiene sentido.
Sin embargo, organizaciones y sectores políticos de oposición han advertido que asociar automáticamente la irregularidad migratoria con la criminalidad puede generar estigmatización. Expertos también han señalado que una persona en situación migratoria irregular no necesariamente está vinculada con actividades delictivas.
Venezuela, uno de los principales focos
La medida tiene especial impacto sobre la población venezolana, debido a que millones de ciudadanos de ese país viven actualmente en Colombia. Según datos citados por medios internacionales, alrededor de 2,8 millones de venezolanos residen en territorio colombiano, mientras cerca de 848.000 se encontrarían en situación irregular.
El debate ahora se concentra en la manera en que se ejecutarán los operativos, las garantías que tendrán los extranjeros y el alcance real de las deportaciones.
Mientras el Gobierno insiste en que busca recuperar el control y hacer cumplir las normas migratorias, sus críticos temen que la nueva política termine profundizando la xenofobia y afectando a personas que, aunque tengan una situación migratoria irregular, no están relacionadas con hechos criminales.
La controversia apenas comienza y podría convertirse en uno de los principales debates del Congreso durante las próximas semanas, en medio del giro que el nuevo Gobierno pretende imprimir a la política migratoria colombiana.