Las movilizaciones promovidas por sindicatos afines al gobierno de Gustavo Petro, en respaldo a su proyecto de consulta popular y reformas sociales, terminaron generando más rechazo que apoyo. Aunque se buscaba mostrar fuerza popular y medir el respaldo callejero de cara a las elecciones de 2026, el paro nacional de 48 horas apenas logró una asistencia modesta y desató una oleada de críticas por sus efectos negativos sobre la ciudadanía.
En Bogotá, la situación más crítica se vivió la noche del miércoles. Mientras una marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar transcurrió sin mayores incidentes, en otros puntos de la capital se presentaron bloqueos y enfrentamientos. La Gaitana, Usme, Suba, la NQS con calle 45 y la estación de Banderas fueron epicentros de disturbios protagonizados por encapuchados. En Suba, una velatón pacífica por Angie Alejandra Rodríguez —fallecida en un procedimiento policial— se tornó violenta con ataques a un CAI y enfrentamientos con el ESMAD.
Durante la mañana del jueves, los ciudadanos indignados increparon a quienes bloqueaban las vías, reclamando su derecho a trabajar y movilizarse. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el sistema TransMilenio vio afectadas 211 rutas y 1,8 millones de usuarios sufrieron retrasos. “La gente está cansada de que se usen las marchas como excusa para afectar sus derechos”, declaró.
Popayán también vivió momentos tensos cuando una turba atacó el CAI del barrio La Paz. Solo un policía se encontraba en la caseta y resultó ileso gracias a la intervención de la comunidad, que enfrentó a los agresores.
En las carreteras de Bolívar, Cesar, Caldas, Meta y Santander, los bloqueos perjudicaron gravemente al transporte de carga y pasajeros. Colfecar calculó pérdidas superiores a los $12.000 millones para el gremio camionero, mientras Fenalco estimó en $278.000 millones diarios el impacto para el comercio.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reconoció que el paro buscaba paralizar el sistema de transporte masivo como medida de presión. En respuesta, el alcalde Galán anunció una denuncia penal contra Arias por promover bloqueos ilegales.
A pesar de los disturbios, la mayoría de las concentraciones fueron pacíficas. El Ministerio de Defensa reportó 246 actividades en 198 municipios, entre ellas 103 concentraciones y 88 marchas.
No obstante, el respaldo fue menor al esperado. En los cabildos abiertos convocados en Bogotá y Cali, la asistencia no superó las 500 personas. La oposición no tardó en calificar el paro como un fracaso. “Qué pena con el presidente, no le llegó la gente”, ironizó el senador Alirio Barrera. Cathy Juvinao, representante a la Cámara, fue más directa: “En el fondo, no les importa gobernar, sino hacer campaña”.
Ante los resultados, el presidente Petro se desmarcó y aseguró que la convocatoria no fue suya, sino de las centrales obreras. Sin embargo, son numerosos los registros de sus llamados públicos a la movilización popular para defender sus reformas.