Las autoridades de Kiribati, Palaos y Papúa Nueva Guinea participaron en una amplia operación regional de vigilancia pesquera que terminó con cuatro embarcaciones detenidas o aprehendidas por presuntas actividades de pesca ilegal, incumplimientos de licencias u otras infracciones relacionadas con las normas pesqueras.
La operación, denominada Operation Island Chief 2026 (OPIC26), fue coordinada por la Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA) entre el 3 y el 14 de agosto y abarcó aproximadamente 27,5 millones de kilómetros cuadrados de aguas del Pacífico. Durante esas dos semanas se monitoreó la actividad de más de 3.000 embarcaciones pesqueras y se realizaron 133 inspecciones a bordo.
La FFA informó además que fueron identificadas 16 embarcaciones de interés, es decir, barcos cuyas actividades o características requirieron una evaluación o seguimiento adicional por posibles vínculos con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada —conocida internacionalmente como pesca IUU— u otros delitos marítimos.
Según información proporcionada por la FFA a AFP, las cuatro embarcaciones detenidas o trasladadas a puerto incluían barcos de bandera china e indonesia. Sin embargo, las autoridades regionales no han hecho públicos los nombres de las embarcaciones ni han detallado qué infracción concreta correspondió a cada una.
Una operación de vigilancia de enorme escala
Operation Island Chief 2026 fue mucho más que una serie de patrullajes aislados. Se trató de un despliegue regional destinado a aumentar la capacidad de los pequeños Estados insulares del Pacífico para controlar sus extensas zonas marítimas.
La operación se desarrolló sobre unos 27,5 millones de kilómetros cuadrados, una superficie que evidencia uno de los principales problemas que enfrentan los países insulares: cuentan con enormes áreas marítimas bajo su jurisdicción, pero no siempre disponen de suficientes barcos, aeronaves, personal o tecnología para vigilar de manera permanente todo ese territorio.
La FFA informó que durante el operativo se analizaron 10.884 detecciones satelitales, se registraron 92 avistamientos de embarcaciones y se inspeccionaron 133 barcos. De todos los contactos analizados, 45 fueron considerados de alto riesgo en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Finalmente, 16 embarcaciones fueron clasificadas como «vessels of interest» —embarcaciones de interés— y cuatro terminaron detenidas o aprehendidas.
Estos resultados muestran cómo la vigilancia pesquera moderna combina diferentes fuentes de información. Las autoridades utilizaron análisis de inteligencia, imágenes y detecciones satelitales, sistemas de teledetección, vigilancia aérea, patrullas marítimas e inspecciones directas.
Kiribati, Palaos y Papúa Nueva Guinea, entre los países que hicieron cumplir las medidas
La operación involucró a miembros de la FFA y se extendió por las zonas económicas exclusivas de varios países del Pacífico, además de áreas de alta mar.
Entre los participantes estuvieron Australia, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tuvalu y Vanuatu.
La información difundida posteriormente por AFP indica que las actuaciones que llevaron a las cuatro detenciones o aprehensiones se produjeron en Kiribati, Palaos y Papúa Nueva Guinea. Los barcos involucrados incluían embarcaciones chinas e indonesias.
No obstante, existe una diferencia importante entre el resultado general de la operación y los detalles de cada caso. La FFA publicó el número de embarcaciones detenidas, pero no identificó públicamente sus nombres ni detalló qué barco fue intervenido por cada autoridad nacional.
Además, las autoridades de Palaos y Papúa Nueva Guinea no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por AFP, mientras que la policía marítima de Kiribati declinó entregar detalles sobre el operativo.
Por esa razón, no es posible afirmar con precisión, a partir de la información pública disponible, qué embarcación china o indonesia fue detenida en cada uno de esos tres países.
¿Por qué es tan importante la pesca del atún en el Pacífico?
La importancia de esta operación se entiende mejor al observar el enorme peso económico de la pesca en la región.
El Pacífico occidental y central es una de las zonas más importantes del planeta para la captura de atún. La FFA señala que aproximadamente la mitad del atún mundial se captura en esta región, mientras que los países insulares del Pacífico procesan o manejan localmente apenas alrededor del 15 % de esas capturas.
El resto es capturado en buena medida por grandes flotas de larga distancia que operan dentro de las zonas económicas exclusivas de los pequeños Estados insulares mediante licencias y acuerdos de acceso.
Para estos países, el sistema representa una fuente fundamental de ingresos. De acuerdo con las cifras citadas por la FFA, las actividades pesqueras generan aproximadamente 500 millones de dólares anuales en tarifas de acceso y cerca de 1.200 millones de dólares en ingresos por exportaciones para las islas del Pacífico.
Además, la actividad pesquera contribuye directa o indirectamente al sustento de aproximadamente un tercio de los hogares de la región.
Esto explica por qué una embarcación que pesca sin autorización o que incumple las condiciones de su licencia no representa solamente un problema ambiental. También puede significar una pérdida de ingresos para los gobiernos y las comunidades que dependen de los recursos marinos.
¿Qué significa pesca ilegal, no declarada y no reglamentada?
La expresión pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocida como IUU por sus siglas en inglés, engloba diferentes conductas.
La pesca ilegal puede producirse cuando un barco opera sin licencia, pesca dentro de una zona donde no está autorizado o incumple las leyes y medidas de conservación aplicables.
La pesca no declarada se refiere, entre otras situaciones, a capturas que no son reportadas correctamente a las autoridades o que se registran de manera diferente a lo establecido por las normas.
Por su parte, la pesca no reglamentada puede involucrar actividades realizadas en circunstancias en las que no existen medidas de gestión aplicables o cuando determinadas operaciones no cumplen con los marcos establecidos para conservar los recursos.
La Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) mantiene mecanismos específicos para combatir las actividades IUU y dispone de procedimientos para identificar embarcaciones presuntamente vinculadas con este tipo de prácticas. La organización ha advertido que estas actividades pueden socavar las medidas de conservación y manejo de las pesquerías de la región.
La tecnología se convirtió en una herramienta clave
Uno de los aspectos más importantes de Operation Island Chief 2026 fue la utilización combinada de tecnologías de vigilancia.
Durante la operación se analizaron 10.884 detecciones satelitales, mientras que las autoridades realizaron inspecciones físicas a 133 embarcaciones. Esto permite contrastar lo que un barco declara con la información disponible sobre sus movimientos.
La FFA indicó que el operativo contó con herramientas propias de monitoreo, control y vigilancia, además de información proporcionada por organismos y plataformas especializadas como la Western and Central Pacific Fisheries Commission, la Pacific Community, Global Fishing Watch, HawkEye 360, Starboard y Canadian Dark Vessel Detection.
También hubo apoyo internacional.
Australia, Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos aportaron capacidades de vigilancia y otro tipo de apoyo operacional a través de los mecanismos de cooperación conocidos como Pacific QUADs. Un avión C-27J Spartan de la Real Fuerza Aérea Australiana fue desplegado en las Islas Salomón para apoyar las labores de vigilancia aérea.
La operación también permitió que agentes nacionales trabajaran junto a equipos internacionales. En total, 25 funcionarios de países participantes fueron destinados al Centro Regional de Vigilancia Pesquera de la FFA en Honiara, donde colaboraron con especialistas en el análisis de la información recopilada.
El problema de vigilar millones de kilómetros de océano
La magnitud de la zona vigilada permite comprender la dificultad que supone controlar las actividades pesqueras en el Pacífico.
Los pequeños Estados insulares poseen algunas de las zonas económicas exclusivas más extensas del mundo en relación con su territorio terrestre. Una zona económica exclusiva puede extenderse hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base, lo que concede al Estado costero derechos soberanos sobre la exploración y explotación de determinados recursos naturales.
En el Pacífico, esa realidad genera una enorme paradoja: países con poblaciones relativamente pequeñas pueden tener jurisdicción sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de océano.
Vigilar semejantes superficies requiere barcos patrulleros, aeronaves, radares, sistemas satelitales, personal especializado y capacidad para analizar grandes cantidades de información.
Por eso, la cooperación regional se ha convertido en una pieza central de la estrategia contra la pesca IUU.
China y la sensibilidad política del caso
La participación de embarcaciones chinas en casos relacionados con presunta pesca ilegal tiene además una dimensión diplomática.
China mantiene importantes relaciones económicas con numerosos países insulares del Pacífico y sus empresas participan en actividades pesqueras y proyectos de cooperación en diferentes Estados de la región.
Al mismo tiempo, grandes flotas pesqueras de larga distancia operan en aguas del Pacífico. La identificación pública de embarcaciones chinas sospechosas puede convertirse, por ello, en un asunto políticamente delicado.
Según los datos citados por AFP, entre 2008 y 2026 los inspectores de la Western and Central Pacific Fisheries Commission emitieron 278 notificaciones de penalización a embarcaciones pesqueras chinas. En ese mismo período, las embarcaciones de bandera de Taiwán acumularon 319 infracciones, de acuerdo con las cifras citadas en el reporte.
Estos números, sin embargo, no significan que todas esas infracciones sean equivalentes ni que todas hayan terminado en detenciones. Las sanciones pueden responder a diferentes incumplimientos de las normas pesqueras.
Un antecedente reciente en Tuvalu
La operación de agosto se produjo pocas semanas después de otro caso que puso nuevamente bajo atención la vigilancia de embarcaciones extranjeras en el Pacífico.
En julio, autoridades de Tuvalu detuvieron una embarcación china a la que acusaron de pescar ilegalmente dentro de sus aguas mientras transmitía una ubicación falsa.
Según el capitán Peter Hammarstedt, de la organización conservacionista Sea Shepherd, la embarcación permaneció detenida durante 24 días antes de recibir una multa y ser liberada. Hammarstedt participó en la patrulla marítima que trasladó a policías de Tuvalu.
El caso llamó especialmente la atención porque Tuvalu mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con Pekín, aunque el problema de la pesca ilegal trasciende las diferencias diplomáticas y afecta a numerosos países del Pacífico.
El desafío climático también está en juego
La lucha contra la pesca ilegal ocurre mientras los países del Pacífico enfrentan otro problema de largo plazo: el cambio climático está modificando las condiciones de los ecosistemas marinos.
El aumento de las temperaturas oceánicas puede alterar la distribución y disponibilidad de especies altamente migratorias como el atún. Esto puede obligar a las flotas a desplazarse hacia nuevas zonas y aumentar la presión sobre los mecanismos de control existentes.
La protección de los recursos pesqueros, por tanto, no se limita a impedir que un barco opere sin licencia. También implica garantizar que las capturas se mantengan dentro de niveles sostenibles y que los países que poseen los recursos puedan obtener una proporción justa de los beneficios económicos.
La FFA considera precisamente que la pesca IUU constituye una amenaza para la sostenibilidad de los recursos de atún del Pacífico.
Los países del Pacífico buscan recuperar mayor control sobre sus recursos
El operativo también llega en un momento importante para la política regional.
Está previsto que los líderes de 18 países insulares del Pacífico se reúnan en Palaos a partir del 30 de agosto de 2026. Entre los temas que se espera que estén sobre la mesa se encuentra la protección de los derechos pesqueros y la búsqueda de mayores beneficios económicos para los Estados insulares en un contexto de presión creciente sobre los recursos marinos.
La cuestión es especialmente relevante porque, aunque el Pacífico concentra una enorme proporción de la pesca mundial de atún, una parte importante del pescado capturado es procesada fuera de los países insulares.
Para los gobiernos de la región, aumentar la vigilancia y combatir la pesca ilegal es solo una parte del desafío. La otra es conseguir que una mayor proporción del valor generado por esos recursos permanezca en las economías locales mediante procesamiento, empleo, infraestructura y mejores acuerdos de acceso.
Una señal de mayor coordinación regional
Los resultados de Operation Island Chief 2026 muestran que las naciones del Pacífico están tratando de fortalecer su capacidad colectiva para controlar sus aguas.
El hecho de haber analizado más de 10.000 detecciones satelitales, inspeccionado 133 embarcaciones y detectado 16 barcos de interés en apenas dos semanas refleja el nivel de vigilancia que puede alcanzarse mediante la combinación de tecnología y cooperación internacional.
Las cuatro detenciones o aprehensiones constituyen, además, una señal de que las operaciones de vigilancia no se limitan a recopilar información: cuando se encuentran indicios suficientes, las autoridades nacionales pueden iniciar procedimientos conforme a sus propias leyes.
Aun así, el caso también deja preguntas abiertas. La FFA todavía no ha divulgado públicamente los nombres de las cuatro embarcaciones ni el detalle individual de las infracciones, por lo que será necesario esperar a que las autoridades nacionales completen sus investigaciones para conocer las posibles sanciones.
Por ahora, el dato confirmado es que cuatro embarcaciones fueron detenidas o aprehendidas durante la operación, que entre ellas había barcos chinos e indonesios y que las actuaciones estuvieron vinculadas a posibles infracciones de pesca o de las condiciones de sus licencias.
Más allá de las nacionalidades de las embarcaciones, el operativo evidencia una realidad que afecta a todo el Pacífico: los pequeños Estados insulares necesitan mecanismos de vigilancia cada vez más sofisticados para proteger uno de sus recursos económicos más importantes.
La batalla contra la pesca ilegal no solo busca evitar que se extraigan toneladas de pescado sin autorización. También pretende proteger la sostenibilidad del atún, garantizar los ingresos de los países que administran las aguas y asegurar que las comunidades del Pacífico puedan seguir beneficiándose de uno de los recursos naturales más valiosos de la región.