La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra los principales operadores móviles de Colombia —Tigo, Claro, Movistar y WOM— por presuntas fallas en sus procesos de seguridad que habrían facilitado fraudes relacionados con la reposición de tarjetas SIM, práctica conocida como SIM Swapping.
De acuerdo con la entidad, estas empresas habrían incurrido en deficiencias graves que comprometieron la seguridad de sus usuarios. En primer lugar, se detectó una verificación insuficiente de identidad, ya que no contaban con herramientas tecnológicas ni mecanismos confiables para corroborar que la persona que solicitaba la reposición de la SIM Card era realmente el titular de la línea. En segundo lugar, las compañías no implementaron controles efectivos ni revisiones periódicas que garantizaran la solidez de sus procesos, pese a estar al tanto de vulneraciones previas. Finalmente, se señala que las respuestas a los usuarios afectados fueron inadecuadas, ya que no ofrecieron soluciones claras ni oportunas frente a quejas por reposiciones hechas sin autorización.
Si la investigación confirma las irregularidades, cada operadora podría enfrentar sanciones económicas que alcanzarían hasta los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representaría multas de gran impacto financiero para estas compañías. Las resoluciones emitidas son actos de trámite y no admiten recurso, aunque las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles para presentar su defensa y argumentos.
El caso cobra relevancia porque el SIM Swapping es un fraude que puede tener consecuencias graves para los usuarios. Al duplicar o reemplazar de manera no autorizada la tarjeta SIM de una persona, los delincuentes obtienen control sobre su número telefónico, lo que les permite acceder a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios en línea que utilizan el celular como método de autenticación. Esto expone a las víctimas no solo a pérdidas económicas, sino también al robo de información personal y a posibles suplantaciones de identidad.
La investigación contra Tigo, Claro, Movistar y WOM refleja el papel de la SIC como garante de los derechos de los consumidores y como entidad reguladora que busca exigir a las compañías de telecomunicaciones estándares más altos de seguridad. Además, deja en evidencia la necesidad de que los operadores móviles fortalezcan sus sistemas de protección, implementen controles tecnológicos más estrictos y refuercen los mecanismos de atención a los usuarios, con el fin de mitigar el riesgo de que fraudes como el SIM Swapping sigan afectando a miles de colombianos.