Una fuerte controversia se desató en el municipio de Honda, Tolima, luego de conocerse la decisión del Gobierno Nacional de reubicar a 38 familias desplazadas del Catatumbo en el predio La Condesa. El alcalde Juan Enrique Rondón García refutó esta determinación, asegurando que no hubo consulta previa ni análisis profundo sobre las condiciones del lugar. Según el informe oficial de la Secretaría de Planeación municipal, el terreno presenta deficiencias graves que pondrían en riesgo la vida de los futuros habitantes.
El informe técnico, con fecha del 26 de junio de 2025, señala que el acceso al predio es deteriorado y riesgoso. Las edificaciones están visiblemente afectadas, sin baños funcionales, sin agua potable y con la presencia de plagas. A esto se suma un peligro mayor: el predio se encuentra atravesado por un poliducto y un gaseoducto, lo que incrementa significativamente el riesgo para quienes podrían habitarlo. Una de las construcciones, de dos pisos, presenta un avanzado deterioro estructural que podría provocar su colapso.
Además de las malas condiciones físicas del terreno, el predio La Condesa está completamente aislado. El hospital más cercano se encuentra a 37,8 kilómetros, y la Policía debe recorrer 34,4 kilómetros cruzando límites departamentales para llegar hasta allí. La escuela más próxima está a 33 kilómetros, y no existen instituciones educativas rurales en la zona.
El plan de desarrollo local tampoco contempla obras de salud, educación ni infraestructura en ese sector, lo que genera una preocupación aún mayor frente a la viabilidad de la reubicación. Las autoridades locales y departamentales insisten en que no se pueden vulnerar los derechos de estas familias víctimas del conflicto, al exponerlas a un entorno sin condiciones dignas. La Gobernación del Tolima también expresó su molestia por la falta de articulación institucional y la ausencia de participación regional en la toma de decisiones.