La Procuraduría General de la Nación (PGN) concluyó este miércoles 10 de diciembre, después de un riguroso diagnóstico al sistema de salud, que se ha producido un deterioro progresivo en su estructura, lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos.
Ante esta situación, el Ministerio Público anuncia que se abrirán nuevas investigaciones contra funcionarios por las acciones y omisiones en las funciones de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema.
El Informe advierte que se ha evidenciado un aumento exponencial de quejas, tutelas y desacatos por parte de los afiliados en los últimos dos años.
En el documento, que se entrega a continuación, se condensa el trabajo que la Procuraduría realizó los últimos meses durante un proceso de diálogo y búsqueda de consenso con todos los actores del sistema.
Los resultados de las visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 intervenidas, han revelado un dato crítico: la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera en los casos analizados.
En la Nueva EPS, después de la intervención, el costo de prestación de servicios de salud superó los ingresos, pasando del 95.6 % en 2022 al 121 % en 2023, con un patrimonio que se tornó negativo en -$4.4 billones en 2024.
Este deterioro se acompaña de una cifra alarmante de más de 131.000 tutelas previstas para 2025 y más de 33.000 incidentes de desacato, lo que demuestra la pérdida de capacidad de respuesta.
El panorama es similar en Coosalud EPS, donde la siniestralidad se elevó del 94 % en 2022 al 115 % en 2025, gastando $115 por cada $100 de ingreso, y las pérdidas alcanzaron -$1.1 billones en 2024, con un aumento del 245 % en sus pasivos.
La Procuraduría subraya que la falta de acceso a medicamentos es el principal motor del crecimiento histórico de las acciones de tutela.
Además, la Procuraduría ha iniciado una actuación preventiva para verificar denuncias sobre supuestos servicios médicos a usuarios fallecidos y sobrecostos de medicamentos, y advierte sobre presuntas responsabilidades disciplinarias por acciones y omisiones en las funciones de dirección, regulación, control e inspección, vigilancia y control que han menoscabado las condiciones de las EPS intervenidas.
Finalmente, reitera que, si bien su estrategia inicial fue el diálogo, el continuo deterioro del sistema y la falta de implementación de consensos obligan a activar la función disciplinaria.
Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones disciplinarias por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos y, particularmente, por el incumplimiento de las órdenes de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760-08, incluyendo el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La Procuraduría concluye que su labor no ha finalizado, manteniendo el compromiso de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de toda la población.