La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra la Alcaldía de El Paujil, la Gobernación del Caquetá, el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia) y el OCAD Paz, por presuntas anomalías en el contrato de obra No. 006 de 2022. El proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, busca la construcción de placa huella en la vía Morabia – Corea – El Vergel por un valor superior a los $11.600 millones.
Según la investigación, el contrato —registrado bajo el BPIN 20201301010325— estaría marcado por sobrecostos, deficiencias en estudios y diseños, ausencia de un plan de sostenibilidad, modificaciones sin sustento técnico, eliminación del sellante de juntas, garantías contractuales débiles y fallas graves en la interventoría y supervisión. También se cuestiona la publicación extemporánea de documentos contractuales, lo que pudo afectar la transparencia del proceso
Posibles responsables
El Ministerio Público ya vinculó a las entidades mencionadas como presuntos responsables disciplinarios y ordenó la práctica de pruebas documentales para esclarecer responsabilidades. El objetivo de la Procuraduría es garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y el respeto al principio de planeación en la contratación estatal. La obra, presentada como una apuesta de desarrollo para la zona rural de El Paujil, hoy está bajo la lupa de los órganos de control por presuntos manejos irregulares que podrían comprometer seriamente la estabilidad de la vía y la adecuada utilización de regalías.
Vacíos actuales
Hasta la fecha no se han divulgado avances procesales adicionales que indiquen sanciones disciplinarias concretas, suspensiones o destituciones de funcionarios vinculados. Tampoco se conocen decisiones administrativas que den cuenta de la suspensión del contrato, su intervención o la aplicación de medidas de control directo sobre la obra en ejecución. De igual manera, no se ha hallado pronunciamiento oficial actualizado de la Gobernación de Caquetá, la alcaldía de El Paujil o las entidades contratistas que clarifique su posición frente a la investigación. Los medios nacionales han informado sobre la apertura de la indagación, pero no se registran respuestas institucionales sólidas ni aclaraciones públicas por parte de los señalados.
Este silencio y la ausencia de información complementaria alimentan la incertidumbre ciudadana sobre el futuro del proyecto. Mientras tanto, la comunidad rural sigue a la espera de una solución concreta que garantice tanto la ejecución de la vía como la transparencia en el uso de los recursos.
Procuraduría destapa irregularidades
