Por Mauricio Fernando Muñoz Mazuera
En días pasados, el nombre de PROMINAR salió a la palestra pública. En una primera medida, se presentó como una empresa de economía mixta mediante la cual la Gobernación de Nariño pretendía ingresar al negocio minero para enfrentar problemáticas como la informalidad, la ilegalidad y la fuga de recursos que históricamente han rodeado esta actividad en el departamento. Sin embargo, muy pronto comenzaron a surgir dudas que terminaron por hundir la iniciativa. La exagerada rapidez con la que se buscaba su aprobación, la escasa socialización con diputados y comunidades, así como los interrogantes sobre la estructura de la empresa, generaron un ambiente de desconfianza que hizo inviable su continuidad.
A ello se sumaron las versiones que comenzaron a circular en los mentideros políticos sobre la eventual presencia de socios privados interesados más en las oportunidades económicas del proyecto que en la solución de una problemática social y territorial. Verdaderas o no, dichas versiones encontraron terreno fértil ante la falta de información clara por parte del gobierno departamental.
Pero más allá del archivo de PROMINAR, aquí hay costos políticos que deben pagarse.
Lo ocurrido no puede reducirse a simples errores administrativos. Estamos hablando de un proyecto estratégico para Nariño y resulta insuficiente que algunos funcionarios pretendan cerrar el capítulo mediante comunicados y explicaciones tardías. El secretario de Minas, Plinio Pérez, asumió públicamente el costo político de lo sucedido. Posteriormente, tanto él como el secretario de Gobierno, Fredy Gámez, explicaron lo ocurrido y manifestaron que, de alguna manera, fueron asaltados en su buena fe. Sin embargo, resulta difícil aceptar semejante argumento cuando precisamente la responsabilidad de un funcionario público consiste en verificar, revisar y garantizar la transparencia de los procesos que lidera.
Pérez no ha sido de buena acogida ni de buena presencia en los cargos en los que ha estado. Como dirían por ahí, no pintó ni pinta bien su labor en la administración municipal y departamental. Tristemente, algunos funcionarios parecen reencaucharse gobierno tras gobierno sin que existan evaluaciones serias sobre sus resultados.
Lo sucedido con PROMINAR exige responsables. Y esos responsables no pueden limitarse a poner sus cargos a disposición. Cuando actuaciones cuestionadas generan semejante desgaste institucional, corresponde asumir consecuencias reales.
Pero tampoco el gobernador puede quedar al margen. Fue su administración la que impulsó el proyecto y fue bajo su liderazgo que se intentó sacar adelante una iniciativa que terminó envuelta en cuestionamientos y rechazo ciudadano. La percepción de que se quiso acelerar su aprobación mediante maniobras políticas terminó afectando la credibilidad de todo el proceso.
Los organismos de control deben revisar con rigor lo ocurrido. Si existen actuaciones que ameriten investigaciones disciplinarias o administrativas, estas deben adelantarse. La ciudadanía merece saber qué pasó, quién tomó las decisiones y bajo qué criterios actuó. PROMINAR fue archivado, pero las preguntas siguen vivas. Y mientras no existan respuestas claras, las comunidades deberán mantenerse vigilantes. Porque si algo dejó esta controversia es la certeza de que los recursos estratégicos del departamento no pueden administrarse entre improvisaciones, velos y afanes políticos.