La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a las autoridades y a la opinión pública el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quien enfrenta investigaciones en su contra. El presidente de la organización, Pablo Bustos, pidió que se garanticen plenamente estas garantías fundamentales durante todo el desarrollo del caso.
Bustos afirmó: «Los intereses superiores del país frente a la empresa pública más importante demandan ponderación y, por lo mismo, esperar a que las autoridades competentes tomen las decisiones que no son lo que refiera necesariamente la opinión pública o lo que ella misma concierna de manera directa». Con esta declaración, subrayó la necesidad de que la justicia actúe sin presiones externas y con imparcialidad.
Llamado a la imparcialidad y advertencia sobre la gobernanza en Ecopetrol
La Red de Veedurías hizo énfasis en que la justicia debe operar bajo los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad, sin dejarse influenciar por presiones mediáticas o políticas. Bustos agregó: «Sencillamente, se trata de esperar que las autoridades judiciales correspondientes tomen una decisión y entonces, con base en ella, se decida o no la permanencia de quien es ahora el presidente de Ecopetrol».
La organización recordó que, tal como se exigió respeto a las garantías procesales para el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena, hoy es imprescindible que esos mismos principios se apliquen sin distinción. «Creemos que tiene igual derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y su buen nombre, hasta tanto no se desvirtúe judicialmente, como ocurre también en otros procesos que el país dirime, como es el caso del presidente Uribe en su momento, de otros exmandatarios y autoridades públicas que se han mantenido en el cargo pese a las investigaciones que contra ellos pesan», resaltó Bustos.
En su comunicado, la Red de Veedurías advirtió que cualquier intento de instrumentalizar la justicia con fines políticos debilita la institucionalidad y erosiona la confianza ciudadana. El texto señala que esta situación podría derivar en un daño reputacional irreversible para Ecopetrol, clasificada como «la iguana», la mayor empresa pública y principal patrimonio petrolero de Colombia.
Bustos expresó: «Por tanto, se trata de preservar esa iguana nacional y esperar que muy pronto se tomen las decisiones que en derecho correspondan y, con base en ello, opere la gobernanza empresarial en Ecopetrol». En consecuencia, la Red consideró que «el presidente de Ecopetrol debe mantenerse en su cargo» mientras avanzan las investigaciones.
La Red de Veedurías reiteró el llamado a la prudencia, el rigor informativo y la responsabilidad de los actores públicos, para evitar juicios anticipados que vulneren derechos fundamentales y afecten la empresa, en línea con los argumentos de la junta directiva de Ecopetrol. La organización enfatizó que el Estado de Derecho se sostiene en el respeto a las garantías procesales y que es fundamental esperar las decisiones judiciales antes de adoptar cualquier medida sobre la permanencia de Roa Barragán al frente de la empresa.