Las autoridades intensificaron las operaciones de seguridad en departamentos con altos índices de violencia, presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. Se incrementó el pie de fuerza y se reforzó la inteligencia militar y policial para enfrentar delitos como el homicidio, la extorsión y el narcotráfico. Paralelamente, el Gobierno reiteró su estrategia de combinar acciones de seguridad con inversión social, con el fin de atacar las causas estructurales de la violencia y recuperar la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados.
