La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ya no deberá cumplir los dos días de arresto ni pagar la multa que le había sido impuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chaparral, tras una sanción por presunto desacato a una orden judicial. Esta medida fue revocada por el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, que concluyó que no existió incumplimiento por parte de la mandataria seccional.
Proceso
El proceso se originó a raíz de una tutela que solicitaba el traslado de la docente Diana Milena Muñoz Orjuela, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de su hija menor. Aunque en un primer momento el juzgado de Chaparral consideró que la Gobernadora no había cumplido con lo ordenado, la revisión en segunda instancia permitió determinar que sí se había dado cumplimiento a lo exigido en la acción de tutela.
De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, este tipo de sanciones deben ser revisadas por una autoridad de superior jerarquía. Por tal razón, el expediente fue remitido al Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, donde se constató que la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Educación, expidió la Resolución No. 3801 del 12 de mayo de 2025. Mediante este acto administrativo se oficializó el traslado de la docente a la institución educativa urbana Nuestra Señora del Rosario, sede Salomón Umaña.
Evaluación
Durante la evaluación, el juez encontró que, aunque inicialmente hubo distintas interpretaciones sobre el lugar de asignación de la docente, la orden judicial fue cumplida en sus términos esenciales. Así, el fallo de segunda instancia descartó cualquier conducta dolosa o negligente por parte de la Gobernadora y revocó de manera definitiva la sanción.
Conclusiones
La decisión judicial concluyó que no hubo desacato y reconoció que la mandataria actuó conforme a derecho, respetando los principios del debido proceso y la protección de derechos fundamentales. Con ello, se cierra un capítulo que había generado cuestionamientos sobre la actuación de la administración seccional.
La Gobernación del Tolima resaltó que este resultado demuestra el compromiso institucional con el cumplimiento de la ley, la protección de los derechos y la transparencia en el ejercicio del poder público, reafirmando la disposición del gobierno departamental de atender las decisiones judiciales con rigor y responsabilidad.