Contexto: una guerra que cambió con los drones
El conflicto armado en Colombia, especialmente en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander), ha entrado en una nueva fase marcada por el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. Esta tecnología ha transformado el campo de batalla, permitiendo ataques más precisos y difíciles de detectar.
En lo corrido del último año, se han registrado decenas de ataques con estos dispositivos, con muertos y heridos tanto en la Fuerza Pública como en la población civil.
El aumento de esta amenaza llevó al Estado colombiano a priorizar la adquisición de sistemas antidrones, considerados clave para neutralizar estos artefactos y proteger tanto instalaciones estratégicas como a las tropas en terreno.
El contrato: millonaria inversión bajo cuestionamiento
En 2025, el Ejército Nacional suscribió un contrato por más de $80.000 millones de pesos para adquirir 19 sistemas antidrones destinados principalmente al Catatumbo.
El proyecto contemplaba:
- 3 sistemas fijos
- 16 sistemas semifijos
- Implementación en una de las zonas más críticas del país
La meta era que estos equipos entraran en funcionamiento en diciembre de 2025, como respuesta urgente al incremento de ataques con drones.
Fallas técnicas: equipos que “no sirvieron”
Sin embargo, casi un año después, los resultados han sido negativos.
Según fuentes militares, los sistemas:
- No detectaban los drones enemigos
- Fallaron en pruebas técnicas clave
- Fueron devueltos al proveedor
El contrato fue prorrogado hasta febrero de 2026, pero aun así los equipos no cumplieron con los estándares exigidos por el Ejército.
Esto ha dejado a la Fuerza Pública sin una herramienta crucial en medio de una escalada de ataques.
Problemas en la contratación y ejecución
El contrato fue gestionado a través de la empresa estatal Codaltec, por directriz del Ministerio de Defensa.
No obstante, se han identificado varios problemas:
- La empresa no tenía capacidad directa para producir los sistemas
- Se recurrió a la tercerización del suministro
- Se adquirió un sistema extranjero que no se adaptó a las condiciones del terreno
Actualmente, el proceso entró en fase de revisión contractual, lo que podría derivar en sanciones, uso de pólizas o incluso la terminación del contrato.
Riesgo fiscal: ¿se perderán los $80.000 millones?
Uno de los escenarios más preocupantes es que los recursos asignados al proyecto regresen al Tesoro Nacional si no se logra una solución contractual.
Esto implicaría:
- Pérdida de capacidad operativa inmediata
- Retraso en la modernización militar
- Posible reasignación del dinero por futuros gobiernos
Impacto en la seguridad del Catatumbo
Mientras el proyecto permanece estancado, los ataques con drones continúan.
Recientemente, por ejemplo, se registraron atentados en municipios como Tibú, donde un dron con explosivos afectó infraestructura y dejó civiles heridos.
El Catatumbo sigue siendo uno de los territorios más afectados por el accionar del ELN y disidencias de las FARC, que han adoptado estas tecnologías como parte de su estrategia de guerra.
Un problema estructural: la reacción tardía del Estado
Expertos y reportes previos ya advertían que Colombia no contaba con sistemas antidrones efectivos ni cobertura suficiente frente a esta amenaza emergente.
Incluso, el propio Ejército ha reconocido la necesidad de crear unidades especializadas para enfrentar este tipo de ataques, lo que evidencia una brecha entre la evolución del conflicto y la capacidad de respuesta institucional.
Conclusión
El fracaso del sistema antidrones en el Catatumbo no solo representa un problema técnico, sino también un desafío estratégico, financiero y de seguridad nacional.
La situación deja en evidencia:
- Fallas en la planeación y contratación pública
- Debilidad en la implementación tecnológica militar
- Urgencia de adaptar la defensa a nuevas formas de guerra
Mientras tanto, la población y las tropas continúan expuestas a una amenaza que evoluciona más rápido que la respuesta del Estado.