Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, volvió a encender el debate político en Colombia con una solicitud que ha sido calificada como incendiaria: pidió la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para extraditar a lo que denominó los “determinadores políticos del narcotráfico”, señalando directamente al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda.
La propuesta, lanzada la noche del 30 de julio a través de sus redes sociales, sostiene que fiscales y jueces de ambos países deben unir esfuerzos para frenar lo que calificó como un “narcorégimen” con aspiraciones de perpetuarse por dos décadas. “Debemos impedir que el narcorégimen de Gustavo Petro e Iván Cepeda se atornille por 20 años”, escribió Uribe, mientras llamaba a líderes políticos, comunicadores y presidenciables de oposición a sumarse a lo que denominó “el pacto por una Colombia libre de cocaína”.
Entre los mencionados figuran Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba y Abelardo de la Espriella. Algunos respondieron de inmediato, respaldando la iniciativa.
El excontralor y ahora precandidato presidencial Felipe Córdoba fue uno de los primeros en apoyar la propuesta: “Somos 52 millones de colombianos y ellos una minoría. No podemos seguir dejando que ellos gobiernen nuestros destinos”, afirmó. También se sumó Abelardo de la Espriella, quien desde marzo —según dijo— ha denunciado internacionalmente por narcotráfico a Petro, Iván Velásquez y Nicolás Maduro.
Tomás Uribe sustentó su declaración con un documento en el que insiste en que el “próximo gobierno opositor debe extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico”, alegando que el régimen actual se financia con rentas ilegales para sostener un proyecto socialista. Asegura que Petro y Cepeda “necesitan las rentas del narcotráfico para atornillarse en el poder” y comparó el modelo colombiano con el de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El llamado se da en medio de un ambiente político tenso tras la condena al expresidente Uribe por soborno y fraude procesal, y ha sido interpretado por algunos sectores como una maniobra de contraataque discursivo. Otros, sin embargo, han advertido que la propuesta de judicializar y extraditar a figuras políticas sin pruebas podría cruzar peligrosamente la línea entre la oposición y la incitación.
Hasta el momento, ni el presidente Petro ni el senador Cepeda se han pronunciado directamente sobre las declaraciones de Tomás Uribe. Sin embargo, sectores afines al Gobierno calificaron el pronunciamiento como una amenaza contra la institucionalidad judicial y una forma de agitación política que busca deslegitimar a la actual administración por vías extralegales.