Jorge Suárez aparece contratado en Ibagué mientras se desarrolla como deportista en el exterior.
Una nueva tormenta sacude al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) luego de revelarse que Jorge Orlando Suárez Sánchez, un presunto promotor deportivo contratado por la entidad, habría estado viviendo en Guatemala durante el tiempo en que debía ejecutar sus actividades en la capital tolimense. El caso, destapado tras la revisión de registros oficiales y publicaciones deportivas extranjeras, ha puesto en duda la transparencia de la contratación y la supervisión dentro del instituto.
Los documentos del SECOP II muestran que Suárez obtuvo un primer contrato en marzo de 2025 para ejecutar tareas de acompañamiento deportivo, promoción de torneos comunitarios y actividades recreativas en zonas rurales. Posteriormente, en julio, recibió una ampliación contractual para continuar con el programa “Deporte para Todos – Ibagué Vibra”, incrementando el valor de su vinculación. Sin embargo, los informes de actividades revisados no contienen pruebas claras de su presencia física en las jornadas, registrando únicamente descripciones genéricas sin soporte fotográfico.
Mientras esto ocurría, en Guatemala surgían reportes periodísticos y registros audiovisuales donde se observa al ibaguereño jugando con los equipos Dragones y La Máquina en competencias oficiales. Las fechas coinciden plenamente con los periodos contractuales en Colombia, generando dudas profundas sobre el cumplimiento real de sus obligaciones en Ibagué. La investigación fue profundizada por El Olfato, medio que contrastó las fechas de los partidos disputados en territorio guatemalteco con los reportes radicados ante el instituto local.
A la polémica contractual se suma un ingrediente político. Brillo Sánchez Orjuela, tía del futbolista, mantiene cercanía pública con el concejal Giovanni Martínez. Fotografías y eventos sociales confirman que comparten espacios, lo que ha despertado versiones sobre un posible favorecimiento en la designación de Suárez dentro del IMDRI. Aunque Martínez negó haber intervenido en su contratación, la relación familiar ha motivado cuestionamientos sobre la rigurosidad con la que se asignan y supervisan estos contratos.
Intentos de obtener declaraciones del propio Suárez no tuvieron éxito, pues no respondió a los mensajes enviados por el medio investigativo, dejando vacíos sobre su presencia en el país durante los meses analizados. Este caso se suma a una serie de cuestionamientos previos relacionados con contratistas del IMDRI, especialmente en programas comunitarios donde no siempre se verifica el cumplimiento efectivo de las actividades pactadas. Lo que debía ser un esfuerzo para fortalecer el deporte comunitario en Ibagué termina exponiendo nuevamente las debilidades institucionales en supervisión y la sombra de influencias políticas en decisiones administrativas.