El municipio de Yaguará se encuentra en el ojo de la tormenta tras conocerse la denuncia interpuesta por María Alejandra Tamayo Sánchez contra el actual secretario de gobierno, Wilmer Medina Andrade, a quien señala como presunto responsable de reiterados episodios de violencia física y psicológica. La situación ha desatado indignación entre la comunidad, que exige respuestas claras y contundentes frente al comportamiento de un funcionario público llamado a representar la institucionalidad.
Hechos denunciados
Según el relato de Tamayo, las agresiones no fueron hechos aislados, sino una conducta sistemática que se repitió tanto en espacios públicos como privados. El episodio más grave ocurrió el pasado 30 de mayo de 2025 en el conjunto residencial Arrayanes 2 de Neiva, donde, presuntamente, Medina la golpeó en el rostro, ocasionándole lesiones que derivaron en la necesidad de una cirugía reconstructiva de tabique ya autorizada por su EPS.
La denunciante radicó formalmente el caso ante la Fiscalía General de la Nación bajo el número 2025091501017, aportando pruebas y testimonios que respaldan sus afirmaciones. En su declaración, también acusó al funcionario de instrumentalizar su cargo para minimizar el alcance de las denuncias en su contra.
Un señalamiento más profundo
Tamayo aseguró, además, que un conductor de bus escolar, identificado como Yidner, la habría agredido verbalmente por órdenes del propio secretario de gobierno, lo que aumenta la gravedad del caso y evidencia un presunto abuso de poder.
La mujer responsabilizó públicamente a Medina de cualquier situación que afecte su integridad física o psicológica. A su vez, hizo un llamado directo al alcalde de Yaguará, Lenin Alberto Trujillo González, a quien señaló como corresponsable en caso de no garantizar medidas de protección efectivas.
Polémica y silencio oficial
La denuncia ha generado una oleada de críticas hacia la administración municipal, cuestionada por guardar silencio frente a un escándalo que involucra a uno de sus principales funcionarios. En redes sociales, líderes sociales y ciudadanos han exigido la suspensión inmediata de Medina mientras avanzan las investigaciones, pues consideran que su permanencia en el cargo envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia de género.
Hasta el momento, ni la Alcaldía ni el propio secretario de gobierno se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. El silencio institucional resulta aún más polémico en un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo un flagelo que enluta a miles de hogares colombianos cada año.
El caso de Wilmer Medina no solo expone un presunto delito de violencia intrafamiliar, sino que pone en entredicho la credibilidad de la administración de Yaguará. La ciudadanía reclama que el discurso oficial de respeto y garantía de derechos no puede ser contradictorio con las actuaciones personales de quienes ostentan el poder local.
La Fiscalía, por su parte, deberá esclarecer con celeridad los hechos, mientras la sociedad huilense observa con atención un proceso que podría marcar un precedente en la lucha contra la violencia de género en cargos públicos.