Correos, chats y otras evidencias señalan vínculos entre disidencias de las FARC-EMBF y altos funcionarios del Ejército y la inteligencia nacional — investigación oficial en marcha.
En los últimos días se reveló que memorias digitales incautadas al grupo armado ilegal comandado por Calarcá —cabecilla de una disidencia de las FARC— contienen documentos que, según investigadores, confirman una serie de contactos con altos mandos del Estado: un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Entre los hallazgos aparecen chats, correos electrónicos, fotografías y planes para conformar empresas de seguridad privadas, que habrían servido como fachada para facilitar movimientos de armas, logística y lavado de activos.
La noticia provocó una inmediata crisis política: partidos de oposición pidieron renuncias, y ya se anunciaron investigaciones por parte del Ministerio de Defensa y la Fiscalía. El escándalo reaviva antiguos temores de infiltración del narcotráfico en las instituciones de seguridad y pone en entredicho la credibilidad del gobierno actual.
El descubrimiento podría debilitar la confianza pública en las Fuerzas Armadas y en los organismos de inteligencia, dificultar la estrategia oficial contra el narcotráfico y generar un fuerte impacto político de cara a las elecciones de 2026. Este tipo de filtraciones también puede abrir debates sobre transparencia, control civil y necesidad de reformas institucionales profundas.