La Fiscalía General de Colombia solicitó el 3 de diciembre de 2025 medida de prisión preventiva contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según la Fiscalía, nuevas evidencias incorporadas al expediente —incluyendo análisis financieros, movimientos bancarios y testimonios ampliados— reforzarían la hipótesis de que Petro Burgos manejó y ocultó recursos de origen no justificado mientras se desempeñaba como diputado del Atlántico.
El ente investigador argumentó ante el juez que existe riesgo de obstrucción a la justicia y posible manipulación de testigos, y por ello consideró necesaria su reclusión preventiva mientras avanza el proceso. La defensa del acusado calificó la petición como “desproporcionada” y alegó que su cliente ha comparecido a todos los llamados judiciales.
La audiencia de medidas de aseguramiento continuó con la presentación de nuevos elementos probatorios, y se espera que en los próximos días el juez defina si decreta o no la detención intramural.
Este caso ha generado fuerte atención pública debido a la cercanía familiar del investigado con el presidente, aunque desde el Gobierno se reiteró que la justicia debe actuar con independencia y sin interferencias.