Dinero colombiano/foto: archivo particular.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantó un operativo simultáneo que permitió la captura de 13 personas, señaladas de integrar una presunta red relacionada con el direccionamiento irregular de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Las diligencias judiciales se desarrollaron en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, en el marco de una investigación que comprende proyectos ejecutados en 19 departamentos del país. Según la información entregada por el ente acusador, el valor conjunto de los contratos objeto de investigación ascendería a cerca de 3 billones de pesos.
Entre las personas capturadas se encuentra Ramiro González Mancilla, alcalde del municipio de María La Baja, Bolívar. También fue detenido un exalcalde del municipio de La Paz, Cesar, además de un contratista y varios exdirectivos y exfuncionarios vinculados al Fondo Mixto Sierra Nevada.
La investigación busca establecer la posible existencia de mecanismos utilizados para direccionar procesos contractuales y determinar la participación que habría tenido cada uno de los involucrados. La Fiscalía analiza además la forma en que fueron estructurados y ejecutados diferentes proyectos financiados con recursos públicos.
De acuerdo con el ente acusador, los capturados deberán ser puestos a disposición de un juez de control de garantías. En las audiencias correspondientes se adelantará la legalización de las capturas y la Fiscalía presentará la información que sustenta la investigación, incluida la eventual imputación de cargos y la solicitud de medidas de aseguramiento.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la totalidad de las identidades de las personas detenidas ni los delitos concretos que serían atribuidos individualmente a cada una.
El proceso permanece en etapa de investigación y, por tratarse de personas cuya responsabilidad aún no ha sido determinada judicialmente, las actuaciones deberán avanzar bajo el principio de presunción de inocencia. El caso también genera atención sobre los controles aplicados a la contratación financiada con regalías, debido al volumen de recursos comprometidos y al número de territorios donde fueron desarrollados los proyectos examinados por las autoridades. La Fiscalía indicó que la investigación continúa y no descartó nuevas actuaciones judiciales relacionadas con los hechos que son materia de indagación.