Costa Rica mantiene una de las discusiones ambientales y pesqueras más prolongadas de Centroamérica. En el centro del debate está la pesca de arrastre de camarón, una actividad que durante décadas generó empleo y movimiento económico en comunidades costeras, pero que también ha sido cuestionada por sus efectos sobre los ecosistemas marinos y por la captura incidental de especies que no son el objetivo de la pesquería.
Antes de entrar en el contexto, hay una precisión importante sobre la información planteada en el titular original: no se encuentra respaldo suficiente en las fuentes oficiales consultadas para afirmar que en 2026 Costa Rica haya “ratificado la extensión de su franja costera protegida” específicamente como una nueva medida nacional destinada a limitar la pesca de arrastre en el Pacífico Central. Lo que sí está documentado es la existencia de áreas marinas con regulaciones pesqueras, restricciones permanentes a la pesca de arrastre en determinados sectores, una prohibición que se remonta a decisiones judiciales de 2013 y un proceso judicial todavía relacionado con los intentos de estudiar una eventual reactivación de esta actividad.
Por eso, el panorama actual debe entenderse como parte de una historia mucho más amplia de conservación marina, pesca artesanal, investigación científica y disputas legales.
Un conflicto que lleva más de una década
La pesca de camarón con redes de arrastre ha sido una actividad tradicional en el litoral Pacífico de Costa Rica. Según documentación técnica del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la pesca comercial de camarón comenzó en el país en la década de 1950 y posteriormente se extendió a diferentes sectores de la plataforma continental del Pacífico. Puntarenas se convirtió en uno de los principales centros de desembarque y actividad pesquera.
Durante décadas, la actividad estuvo vinculada no solamente con los pescadores y propietarios de embarcaciones, sino también con una amplia cadena económica que incluía trabajadores de muelles, rederos, mecánicos, transportistas, comerciantes, plantas de procesamiento y otros servicios relacionados con la actividad pesquera. INCOPESCA ha reconocido que el cierre de esta pesquería tuvo consecuencias socioeconómicas importantes en comunidades como Puntarenas.
Sin embargo, el problema ambiental adquirió una dimensión decisiva debido a la naturaleza del método utilizado.
La pesca de arrastre consiste, de manera general, en remolcar una red por el fondo marino para capturar camarones. El problema es que la red puede recoger simultáneamente peces, crustáceos y otros organismos que no constituyen el objetivo principal de la actividad. A este fenómeno se le conoce como captura incidental o fauna acompañante.
Por esa razón, la discusión en Costa Rica no se ha limitado a determinar cuánto camarón puede capturarse, sino también a establecer si existen condiciones científicas suficientes para demostrar que la actividad puede realizarse sin provocar daños ambientales incompatibles con la legislación del país.
El punto de inflexión: la decisión de 2013
Uno de los momentos fundamentales ocurrió en 2013, cuando la Sala Constitucional estableció restricciones a la pesca de arrastre de camarón.
La decisión judicial se convirtió en el principal punto de referencia para todas las discusiones posteriores. INCOPESCA explica que la sentencia 10540-2013 condicionó la posibilidad de continuar con la pesca de arrastre a la existencia de dispositivos capaces de reducir significativamente la captura incidental y a la demostración técnica de que dichos mecanismos funcionaban adecuadamente.
La importancia de este fallo fue considerable porque significó que no bastaba con argumentar que la pesca tenía importancia económica. Para volver a autorizarla era necesario demostrar, mediante información científica y técnica, que podía desarrollarse de una manera compatible con la protección ambiental.
La decisión también reconoció que el problema tenía una dimensión social. La documentación de INCOPESCA recoge que la Sala Constitucional consideró tanto la protección ambiental como la situación económica de las familias que históricamente dependían directa e indirectamente de la actividad.
Ese equilibrio entre conservación ambiental y protección de las comunidades pesqueras continúa siendo uno de los aspectos más difíciles del debate.
Las zonas protegidas del Pacífico Central
La protección marina en Costa Rica no depende únicamente de una prohibición general de la pesca de arrastre. El país cuenta con diferentes figuras de ordenamiento y conservación que delimitan zonas donde las actividades pesqueras están sometidas a reglas específicas.
Entre ellas se encuentran las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR), espacios en los que se establecen normas particulares sobre artes de pesca, esfuerzo pesquero, vedas, investigación y monitoreo.
El caso de Tárcoles, en el Pacífico Central, es especialmente importante.
En 2013, INCOPESCA acordó mantener una zona de veda total permanente dentro del Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles para la pesca semiindustrial de camarón mediante arrastre. En determinados sectores se permitió únicamente la pesca artesanal bajo condiciones específicas.
Esto significa que la protección de esa zona no es una medida nueva creada en 2026, sino que tiene antecedentes normativos que se remontan más de una década.
El Pacífico Central posee además una enorme importancia ecológica. El Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), administrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), comprende una extensa región del occidente del país y reúne ecosistemas terrestres y marinos estrechamente relacionados. Según SINAC, ACOPAC representa aproximadamente el 11 % del territorio nacional y alberga una elevada diversidad de ecosistemas y cuencas hidrográficas.
La conservación de estos espacios tiene implicaciones que van más allá de proteger una especie concreta. Manglares, estuarios, fondos marinos y otros hábitats costeros funcionan como zonas de alimentación, reproducción y crecimiento para numerosas especies.
¿Qué ocurre con la pesca de arrastre fuera de esas zonas?
Aquí aparece uno de los principales matices de la discusión.
Una zona marina protegida o un área de pesca responsable no equivale automáticamente a que toda la costa del país tenga exactamente el mismo nivel de protección ni a que todas las actividades pesqueras estén prohibidas.
Costa Rica utiliza diferentes instrumentos de ordenamiento espacial. Algunas áreas tienen vedas permanentes, otras poseen restricciones temporales y otras establecen condiciones específicas para determinados tipos de pesca.
Por ejemplo, la normativa costarricense contempla áreas donde la pesca mediante redes de arrastre está expresamente prohibida. La regulación de las Áreas Marinas de Manejo también establece restricciones específicas contra esta técnica.
En el Pacífico, además, INCOPESCA ha establecido históricamente zonas de exclusión y mecanismos de seguimiento para determinadas actividades pesqueras.
Por eso, hablar simplemente de una “franja costera protegida” puede resultar impreciso si no se especifica qué área, bajo qué categoría de manejo y qué actividad se está restringiendo.
El intento de reactivar la actividad en 2017
Después de la decisión de 2013, las autoridades intentaron crear condiciones para una eventual reactivación de la pesca de camarón mediante nuevas reglas.
En 2017, INCOPESCA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería establecieron medidas que incluían zonas geográficas determinadas, especificaciones para los artes de pesca, dispositivos de control de captura incidental y períodos de veda.
La intención era demostrar que la actividad podía desarrollarse bajo controles ambientales más estrictos.
Pero el intento volvió a terminar en los tribunales.
En marzo de 2018, la Sala Constitucional invalidó el acuerdo que había permitido la reactivación regulada, debido a que no se había demostrado científicamente que las nuevas condiciones fueran suficientes para garantizar la sostenibilidad de la actividad. La OCDE recoge este proceso en su evaluación de la política pesquera costarricense.
Desde entonces, la discusión ha quedado marcada por una pregunta fundamental: ¿existe suficiente evidencia científica para demostrar que la pesca de arrastre de camarón puede realizarse de manera sostenible en el Pacífico costarricense?
El proyecto de investigación que volvió a encender la polémica
La discusión no terminó con el fallo de 2018.
INCOPESCA impulsó posteriormente un proyecto denominado “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”.
El objetivo declarado era reunir información científica sobre las poblaciones de camarón, identificar posibles zonas de captura, estimar la biomasa disponible, determinar períodos reproductivos y estudiar los efectos de la pesca de arrastre sobre el fondo marino.
El proyecto tenía especial relevancia porque la información científica disponible era considerada insuficiente para determinar si podía establecerse una pesquería sostenible.
Un informe de la OCDE publicado sobre Costa Rica señaló precisamente que el proyecto iniciado en 2023 buscaba llenar algunas de esas lagunas de información, pero advertía que todavía no existían datos científicos suficientes para establecer el estado de las poblaciones de camarón ni directrices definitivas de manejo.
La intervención de los tribunales
La investigación volvió a provocar un enfrentamiento judicial.
La Fundación MarViva presentó acciones contra el proyecto y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó en noviembre de 2023 una medida cautelar que ordenó suspender los documentos y actividades relacionadas con el estudio.
Posteriormente, después de recursos y correcciones procesales, el proceso continuó bajo el expediente 23-002732-1027-CA-4.
La situación es particularmente importante porque INCOPESCA ha señalado que, mientras el proceso judicial no tenga una sentencia firme, el instituto está imposibilitado para emitir licencias de pesca de camarón mediante arrastre vinculadas con este proceso.
Es decir, el debate sobre una eventual reactivación de la pesca de arrastre no está jurídicamente cerrado, pero tampoco existe actualmente una autorización general que permita afirmar que la actividad haya sido reactivada en el Pacífico costarricense.
La posición de INCOPESCA
La posición institucional refleja la complejidad del problema.
Por un lado, INCOPESCA reconoce la necesidad de proteger los ecosistemas y generar información científica antes de establecer nuevas reglas. Por otro, también reconoce que la desaparición de la pesca de camarón tuvo consecuencias económicas importantes para comunidades que dependían de ella.
En su documentación técnica, el instituto explica que la investigación debe permitir conocer aspectos como la biomasa disponible, las zonas donde se concentra el recurso, sus períodos reproductivos y las condiciones necesarias para determinar una capacidad de pesca que no comprometa la sostenibilidad.
La cuestión científica es fundamental porque una decisión de este tipo no puede basarse únicamente en la cantidad de camarón existente en un momento determinado.
También deben considerarse factores como la reproducción, el crecimiento de las poblaciones, la mortalidad, la captura incidental, las características del fondo marino y la interacción con otras pesquerías.
El argumento ambiental
Los sectores ambientalistas sostienen que la pesca de arrastre representa un riesgo porque la red puede afectar organismos y hábitats que no son el objetivo de la captura.
Además, la preocupación no se limita al camarón.
Cuando una red recoge especies que no serán comercializadas, parte de esa captura puede terminar siendo descartada. La magnitud y composición de esa captura incidental es precisamente uno de los elementos que las autoridades han intentado estudiar.
La Comisión de Coordinación Científico Técnica de INCOPESCA concluyó en 2021 que no existía evidencia científico-técnica suficiente para demostrar una reducción significativa de la captura incidental compatible con un desarrollo sostenible de la pesquería en las condiciones planteadas en aquel momento.
La comisión también señaló la falta de información suficiente sobre biomasa y otros parámetros poblacionales necesarios para establecer un manejo sostenible.
Esto ayuda a explicar por qué el debate continúa incluso después de varios años de investigaciones.
El argumento de las comunidades pesqueras
La otra cara de la discusión es social.
Puntarenas y otras comunidades del litoral Pacífico han desarrollado durante décadas una economía vinculada con el mar. La desaparición de una actividad pesquera no afecta únicamente a los propietarios de las embarcaciones.
También puede afectar a trabajadores de talleres, transporte, comercialización, procesamiento, mantenimiento de embarcaciones y otros negocios vinculados directa o indirectamente con la cadena pesquera.
INCOPESCA ha descrito esta red económica al analizar los efectos del cierre de la pesca de camarón.
Por eso, el desafío para Costa Rica no consiste simplemente en escoger entre “pesca” o “conservación”.
La discusión plantea una cuestión más compleja: cómo garantizar la protección de los ecosistemas marinos mientras se ofrecen alternativas económicas sostenibles a las comunidades que dependen de los recursos del océano.
Un problema que también afecta a la pesca artesanal
Otro de los argumentos utilizados para limitar el arrastre es su posible interacción con la pesca artesanal.
Los pescadores artesanales dependen de poblaciones de peces y otros recursos marinos que pueden verse afectados por cambios en los ecosistemas y por la presión pesquera.
En este contexto, la existencia de áreas con restricciones puede funcionar como una herramienta para ordenar el uso del espacio marino y reducir conflictos entre distintas modalidades de pesca.
El modelo de las Áreas Marinas de Pesca Responsable busca precisamente involucrar a las comunidades en la administración de los recursos y establecer reglas específicas de acuerdo con las características de cada territorio. La OCDE señala que estas áreas pueden incluir regulaciones sobre esfuerzo pesquero, métodos, artes autorizados, vedas, investigación y monitoreo.
El Golfo de Nicoya también es parte de la historia
Aunque el titular se centra en el Pacífico Central, sería incompleto analizar el tema sin mencionar el Golfo de Nicoya.
En 2026, Costa Rica mantiene su veda anual en el Golfo de Nicoya. Para ese año, la medida se estableció del 1 de mayo al 31 de julio, con el propósito de proteger los ciclos reproductivos de especies de interés comercial. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que las autoridades intensificarían los controles durante el período de restricción.
Las vedas son diferentes de una prohibición permanente.
Una veda establece una restricción durante un período determinado, generalmente relacionado con ciclos reproductivos o de recuperación de las poblaciones. Una zona de protección permanente, en cambio, mantiene determinadas prohibiciones durante todo el año.
Esta diferencia es importante para comprender el sistema de manejo pesquero costarricense.
¿Costa Rica está ampliando ahora su franja costera protegida?
Con la información oficial disponible, no sería correcto presentar como un hecho confirmado una nueva ampliación nacional de una “franja costera protegida” en el Pacífico Central durante 2026 específicamente para impedir la pesca de arrastre.
Lo que sí puede afirmarse es que Costa Rica posee desde hace años diferentes áreas protegidas y zonas de ordenamiento pesquero en su litoral Pacífico, algunas de las cuales tienen prohibiciones permanentes para la pesca de arrastre.
El Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles es uno de los ejemplos más claros: su regulación estableció una zona de veda permanente para la pesca semiindustrial de camarón mediante arrastre.
A esto se suma el marco judicial que mantiene restringida la posibilidad de reactivar la pesca de arrastre sin que se cumplan determinadas condiciones científicas y legales.
Por lo tanto, más que hablar de una nueva “ratificación de la franja costera”, el contexto actual puede describirse como la continuidad de un sistema de protección y ordenamiento marino que lleva más de una década en desarrollo y que sigue enfrentando disputas sobre cómo debe administrarse el recurso pesquero.
Un debate que todavía está lejos de terminar
El caso costarricense muestra las dificultades que aparecen cuando una actividad económica tradicional entra en conflicto con objetivos de conservación ambiental.
La pesca de camarón tiene importancia económica para determinadas comunidades, pero la protección de los ecosistemas marinos también constituye una obligación del Estado. La propia documentación técnica de INCOPESCA reconoce la necesidad de encontrar un equilibrio entre las prioridades económicas y ambientales.
En los próximos años, el desarrollo de investigaciones científicas será determinante.
Si las autoridades pretenden modificar las restricciones existentes, necesitarán demostrar que las medidas propuestas permiten reducir la captura incidental, proteger las poblaciones de especies afectadas y mantener la integridad de los ecosistemas donde se desarrolla la actividad.
Mientras tanto, las áreas marinas protegidas y las zonas de pesca responsable continuarán desempeñando un papel fundamental en la gestión del litoral.
El caso de Costa Rica demuestra que proteger el océano no significa únicamente establecer límites sobre un mapa. También implica generar información científica, controlar las actividades en el mar, escuchar a las comunidades costeras y garantizar que las decisiones sobre los recursos naturales puedan sostenerse tanto desde el punto de vista ambiental como social.
Por ahora, la evidencia disponible apunta a que la pesca de arrastre de camarón continúa siendo un asunto altamente regulado y judicializado en Costa Rica, mientras que sectores del país siguen buscando una fórmula que permita proteger el Pacífico sin ignorar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.