Alina Constanza Silva R
Columnista
Pareciera que cuando se habla del modelo neoliberal en la economía del país se tratara de un tema lejano o exclusivo para expertos en ciencia económica. Sin embargo, este modelo económico y político influye directamente en la vida cotidiana de las personas y en el bienestar de la población. El neoliberalismo se basa en promover la reducción de la intervención del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas, la apertura de mercados, la flexibilización laboral y la creencia de que el libre mercado debe ser el principal organizador de la sociedad. En consecuencia, sus efectos se reflejan en aspectos tan cercanos como el empleo, el acceso a los servicios públicos y el costo de vida.
En términos generales, el neoliberalismo ha favorecido la concentración de la riqueza en pocos sectores económicos con escasa regulación. Los grandes capitales se fortalecen rápidamente, mientras se amplía la brecha entre ricos y pobres y los salarios crecen menos que las ganancias empresariales. Este modelo afecta el acceso equitativo a la salud, la educación, la vivienda y el empleo digno. Los defensores del neoliberalismo argumentan que este modelo aumenta la inversión, estimula el crecimiento económico, amplía el empleo, reduce la inflación y promueve la competitividad. Sin embargo, detrás del crecimiento económico y de la expansión empresarial persiste una pregunta fundamental: ¿cómo se distribuyen esos beneficios y quiénes quedan excluidos?
La privatización de los servicios públicos constituye una de las expresiones más visibles del neoliberalismo. Sectores como el agua, la energía, la salud, la educación y el transporte han pasado progresivamente a esquemas donde predomina la lógica empresarial. Los defensores del modelo sostienen que esto mejora la eficiencia; sin embargo, en muchos casos dicha eficiencia se traduce en tarifas elevadas para los usuarios.
Otra manifestación del neoliberalismo es la llamada flexibilización laboral, que en la práctica significa precarización de las condiciones de trabajo. Se reducen las regulaciones laborales, se privilegia la contratación temporal, se debilita la sindicalización y se facilita el despido de trabajadores. Como resultado, aumenta la inestabilidad laboral y disminuyen las garantías para los empleados. Igualmente, este modelo impulsa la reducción del gasto social mediante la disminución de subsidios, la reducción de la inversión pública y la limitación de programas sociales. Sus efectos suelen reflejarse en mayores niveles de pobreza, exclusión social y menor movilidad social.
Servicios Públicos y el Neoliberalismo (2da parte)
La apertura económica es también asociada al neoliberalismo y desde luego también ha impactado a pequeños productores, campesinos y economías regionales. La entrada de productos importados más baratos ha desplazado parte de la producción local, afectando especialmente al agro y a la industria nacional. En el país, las reformas neoliberales se reflejaron en privatizaciones masivas, apertura comercial indiscriminada, reformas laborales y reducción del papel del Estado. Aunque algunos indicadores macroeconómicos mejoraron, también crecieron la desigualdad y el descontento social.
El gobierno de César Gaviria, con su política de “apertura económica”, profundizó reformas relacionadas con la liberalización financiera, las privatizaciones y la reducción parcial de la intervención estatal. Si bien este proceso permitió mayor acceso a tecnología y bienes importados, también produjo efectos negativos: quiebra de pequeñas industrias, pérdida de empleo manufacturero y competencia desigual para los campesinos. Además, la flexibilización laboral, promovida para atraer inversión, generó aumento de la informalidad, debilitamiento sindical, contratación temporal y menor estabilidad laboral. Como consecuencia, Colombia terminó consolidando uno de los mercados laborales más informales de América del Sur.
La privatización y la transformación del papel del Estado también incidieron en el aumento de tarifas de servicios públicos y en la percepción de pérdida de control público sobre sectores estratégicos como salud, energía, transporte y educación superior. Particularmente crítico ha sido el caso del sistema de salud, marcado por la intermediación financiera de las EPS, la crisis hospitalaria, las barreras de acceso, la desigualdad en la calidad del servicio y los problemas de corrupción y endeudamiento. La lógica del mercado aplicada a la salud ha generado tensiones entre rentabilidad y derecho social.
A esto se suman problemas estructurales como la concentración de la tierra y la riqueza, así como el aumento de las brechas entre lo urbano y lo rural. Regiones periféricas como Nariño han enfrentado históricamente baja inversión, pobreza estructural y limitada industrialización. Adicionalmente, la expansión del sector financiero también ha tenido consecuencias importantes: aumento del endeudamiento de los hogares, concentración de riqueza y creciente dependencia del sistema financiero. En el campo colombiano, la baja protección estatal, la competencia con productos importados y el abandono de pequeños productores contribuyeron a la migración hacia las ciudades, la expansión de economías ilegales y el aumento de conflictos por la tierra y la supervivencia.
La apertura económica es también asociada al neoliberalismo y desde luego también ha impactado a pequeños productores, campesinos y economías regionales. La entrada de productos importados más baratos ha desplazado parte de la producción local, afectando especialmente al agro y a la industria nacional. En el país, las reformas neoliberales se reflejaron en privatizaciones masivas, apertura comercial indiscriminada, reformas laborales y reducción del papel del Estado. Aunque algunos indicadores macroeconómicos mejoraron, también crecieron la desigualdad y el descontento social.
El gobierno de César Gaviria, con su política de “apertura económica”, profundizó reformas relacionadas con la liberalización financiera, las privatizaciones y la reducción parcial de la intervención estatal. Si bien este proceso permitió mayor acceso a tecnología y bienes importados, también produjo efectos negativos: quiebra de pequeñas industrias, pérdida de empleo manufacturero y competencia desigual para los campesinos. Además, la flexibilización laboral, promovida para atraer inversión, generó aumento de la informalidad, debilitamiento sindical, contratación temporal y menor estabilidad laboral. Como consecuencia, Colombia terminó consolidando uno de los mercados laborales más informales de América del Sur.
La privatización y la transformación del papel del Estado también incidieron en el aumento de tarifas de servicios públicos y en la percepción de pérdida de control público sobre sectores estratégicos como salud, energía, transporte y educación superior. Particularmente crítico ha sido el caso del sistema de salud, marcado por la intermediación financiera de las EPS, la crisis hospitalaria, las barreras de acceso, la desigualdad en la calidad del servicio y los problemas de corrupción y endeudamiento. La lógica del mercado aplicada a la salud ha generado tensiones entre rentabilidad y derecho social.
A esto se suman problemas estructurales como la concentración de la tierra y la riqueza, así como el aumento de las brechas entre lo urbano y lo rural. Regiones periféricas como Nariño han enfrentado históricamente baja inversión, pobreza estructural y limitada industrialización. Adicionalmente, la expansión del sector financiero también ha tenido consecuencias importantes: aumento del endeudamiento de los hogares, concentración de riqueza y creciente dependencia del sistema financiero. En el campo colombiano, la baja protección estatal, la competencia con productos importados y el abandono de pequeños productores contribuyeron a la migración hacia las ciudades, la expansión de economías ilegales y el aumento de conflictos por la tierra y la supervivencia.
Aunque la globalización y el neoliberalismo no son lo mismo, sí guardan estrecha relación. El neoliberalismo es una ideología económica basada en menos intervención estatal, privatización y libre mercado; la globalización, en cambio, es un proceso de integración económica, financiera y comercial entre países. Sin embargo, en el país el neoliberalismo fue uno de los modelos utilizados para impulsar la globalización. La globalización realizada produjo cierre de fábricas, disminución del empleo industrial y aumento de la dependencia de importaciones. El país pasó a depender en gran medida de la exportación de materias primas como petróleo, carbón, café, flores y minerales, quedando vulnerable a las caídas de precios internacionales y a las crisis externas. Especialmente, la crisis del agro dejó a muchos campesinos en desventaja frente a productos importados subsidiados, como cereales, leche, maíz y trigo. Esto ocasionó bajos precios para los productores locales, endeudamiento, migración rural y abandono del campo.
El neoliberalismo, por tanto, no ha sido simplemente una “palabra de moda”, sino un modelo que ha permeado gran parte de las actividades económicas y sociales desde la década de 1990. Una de sus expresiones más visibles es la privatización de servicios como el aseo, el alumbrado público y la salud.
En Pasto, el servicio de aseo se ha convertido en motivo de preocupación para muchos ciudadanos. Resulta frecuente que hogares que realizan esfuerzos por reducir el consumo de agua y energía enfrenten tarifas de aseo considerablemente más altas. Por ejemplo, un apartamento puede pagar alrededor de 42 mil pesos por agua y cerca de 62 mil pesos por aseo. Igualmente, un local desocupado puede registrar apenas 10 mil pesos de energía y, aun así, pagar 47 mil pesos por concepto de aseo.
El monopolio encargado del servicio continúa basando el manejo de residuos en la lógica de “recolectar y enterrar”, sin impulsar de manera suficiente el reciclaje masivo, la economía circular, el compostaje, la reducción de residuos o el aprovechamiento energético. En consecuencia, el incentivo principal parece centrarse en la rentabilidad del operador y no necesariamente en el bienestar colectivo.
Aunque la Constitución de 1991 permitió una mayor participación privada en los servicios públicos bajo regulación y vigilancia estatal, gran parte de la ciudadanía percibe poca transparencia tarifaria, dificultades para reclamar y escasa competencia real. Persisten dudas sobre la metodología tarifaria, los componentes del cobro, los costos reconocidos por regulación, los subsidios, la clasificación de usuarios y los indicadores de prestación del servicio.
En una concesión de aseo debe entenderse que existe una función social, regulación estatal y, por tanto, control ciudadano, especialmente cuando se utilizan bienes públicos, rellenos sanitarios municipales o ventajas derivadas de contratos públicos. El debate de fondo es claro: ¿hasta qué punto un servicio público operado por privados debe manejar información transparente cuando utiliza bienes públicos y cobra tarifas obligatorias?
Si el municipio participa en la empresa prestadora del servicio, debe tener acceso suficiente a información financiera para evaluar el desempeño del negocio, proteger el patrimonio público invertido, supervisar la gestión y verificar si las tarifas y utilidades son coherentes con la función social del servicio. Como socio, el municipio tiene derecho a participar en asambleas, conocer balances, revisar estados financieros, votar decisiones, recibir informes administrativos y ejercer control sobre la gestión.
En últimas, la discusión central es la siguiente: ¿cómo puede un servicio público esencial manejar recursos públicos y cobrar tarifas obligatorias sin suficiente transparencia financiera? Un servicio público no debería funcionar como un negocio completamente cerrado, especialmente cuando existe participación del Estado y el bienestar colectivo está en juego.