La Procuraduría abrió un proceso contra tres funcionarios señalados de irregularidades en la elección del personero municipal.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres integrantes de la mesa directiva del Concejo Municipal de Puerto López, señalados de presuntas irregularidades en el proceso de elección del nuevo personero municipal para el periodo 2024–2028. Los funcionarios investigados son Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, quienes habrían desconocido los principios de transparencia y legalidad al contratar a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg) para adelantar el concurso de méritos.
El caso
Según la investigación preliminar, la contratación se realizó sin verificar que Corfaneg cumpliera con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley. De acuerdo con la Procuraduría, la corporación no contaba con la experiencia ni con el objeto social adecuado para ejecutar un proceso de selección de personeros, lo que constituye una falta grave. En palabras del órgano de control, fue “como encargarle una cirugía a corazón abierto a un grupo de mariachis”.
El Ministerio Público calificó la conducta de los concejales como falta grave cometida con dolo, señalando que los cabildantes actuaron con pleno conocimiento de la irregularidad pero decidieron continuar con el contrato. Esta actuación, según la entidad, evidencia una preocupante ligereza en el manejo de los procedimientos administrativos y un claro desconocimiento de las normas que rigen la función pública.
La Procuraduría recordó que los concejales, como representantes de la comunidad, deben proteger el interés colectivo y garantizar que los procesos públicos se desarrollen bajo los principios de mérito, transparencia e imparcialidad. “La ley no es un mito urbano ni un cuento de hadas que pueda interpretarse según la conveniencia”, puntualizó una fuente del organismo de control.
Avance
Mientras avanza la investigación, los implicados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que consideren pertinentes. Sin embargo, el caso podría marcar un precedente en Puerto López, municipio donde las denuncias por presuntas irregularidades en la gestión pública se han vuelto frecuentes.
Este nuevo episodio vuelve a abrir el debate sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio del poder local, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los procesos administrativos del municipio. Para muchos habitantes de Puerto López, lo ocurrido con la elección del personero no solo refleja un problema de gestión, sino también un síntoma del desgaste institucional que afecta la confianza ciudadana.