El drama se apoderó de las riberas del río Magdalena en el Huila tras el desbordamiento de sus aguas por la apertura total de compuertas de las represas El Quimbo y Betania. José Hernández, vocero de las comunidades afectadas en la vereda Espinal, en el municipio de Gigante, relató la magnitud del desastre que ha sumido en la pobreza a cientos de familias que, hasta hace poco, vivían de la pesca y de pequeñas unidades productivas agrícolas y pecuarias.
“Es una tristeza inmensa. Esto dejó en la miseria al 100% de los pescadores y a quienes tienen cultivos o animales cerca del río. Fue una mala decisión, tomada sin planificación, sin pensar en las consecuencias sociales”, denunció Hernández.
Ruina en la ribera
En un recorrido por la zona comprendida entre El Quimbo y Betania, Hernández señaló cultivos destruidos, pérdida de animales, destrucción de parcelas y la angustia de familias que dependían del día a día para subsistir. La comunidad denuncia que ENEL, empresa operadora de las hidroeléctricas, no midió el impacto social ni activó protocolos de emergencia efectivos.
“Han acabado con miles de sueños y con familias que vivían de la pesca y del campo. Nos desplazaron de nuestro territorio. No somos enemigos de la energía, pero esto demuestra la falta de planificación y visión social de estas multinacionales”, afirmó Hernández con visible indignación.
Piden apoyo y soluciones
La comunidad prepara acciones legales para exigir compensaciones justas. Para hoy está prevista una reunión en el municipio de Obo, a la que asistirán pescadores, campesinos y autoridades locales, buscando llamar la atención del gobernador del Huila, la Asamblea Departamental y los alcaldes de los municipios afectados.
Hernández hizo un llamado urgente a la unión de todas las entidades e instituciones gubernamentales para diseñar soluciones de fondo, tanto técnicas como jurídicas. “No podemos quedarnos en el discurso. Necesitamos apoyo real para reconstruir nuestras vidas. Esto no solo es una emergencia económica, sino humanitaria”, enfatizó.
Aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales, las pérdidas materiales y económicas son incalculables. Se reportan hectáreas de cultivos arrasadas, muerte de animales domésticos y daños en la infraestructura productiva de los pequeños campesinos. “Gracias a Dios no hubo muertos, pero es como si hubiéramos perdido todo. Vemos cómo nuestro sustento diario desapareció en pocas horas”, agregó el líder comunitario.
Por ahora, las comunidades continúan haciendo visitas a las parcelas afectadas, documentando cada daño para incluirlo en los procesos legales que emprenderán contra la empresa operadora. “Queremos soluciones reales y dignidad para nuestras familias”, concluyó Hernández, mientras la incertidumbre sigue envolviendo las riberas del Magdalena.