La Cámara de Comercio de Bogotá enfrenta un nuevo foco de controversia institucional tras conocerse que la Superintendencia de Sociedades está investigando a varios de sus altos directivos por presuntas actuaciones irregulares. En el centro de la denuncia están Enrique Vargas Lleras y Alejandro Mejía, miembros de la junta directiva, señalados por posibles abusos en el ejercicio de sus funciones. La investigación también involucra a Constanza del Pilar Puentes Trujillo, secretaria de la junta, y se extiende a otros directivos que habrían respaldado con su voto o participación decisiones que, según la denuncia, contravienen el marco legal que rige este tipo de entidades.
La queja fue interpuesta por Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, exvicepresidente jurídica de la Cámara de Comercio. Desde su posición, asegura haber sido testigo de una serie de prácticas que podrían haber vulnerado no solo procedimientos administrativos esenciales, sino también los derechos de quienes se vieron afectados por decisiones de junta. En su denuncia, Malely hace énfasis en que hubo omisiones deliberadas, instrucciones por fuera de la legalidad, nombramientos que no se ajustaron a los procedimientos establecidos y una posible intención de proteger a determinados individuos dentro de la estructura organizativa.
Uno de los aspectos más sensibles del caso tiene que ver con la supuesta marginación de personas que habrían resultado afectadas por estas decisiones, lo que para la denunciante configura una exclusión intencional desde el aparato institucional. En paralelo, también se cuestiona la falta de levantamiento de actas en reuniones clave de la asamblea, una omisión que podría dificultar la trazabilidad de los hechos y que, de confirmarse, comprometería la transparencia de los procesos internos de la entidad.
La denuncia no solo apunta a la legalidad de algunas decisiones, sino también a un patrón de comportamiento que habría estado presente en varias sesiones de junta. Según la exfuncionaria, los directivos involucrados actuaron con conocimiento de causa, impulsando medidas que responden a intereses particulares y no al bienestar colectivo de la organización.
La Superintendencia, por su parte, avanza en la recolección de evidencias, cruzando información y documentos para establecer si hubo violaciones al régimen jurídico que rige el funcionamiento de las cámaras de comercio en Colombia. Aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial con sanciones o medidas preventivas, el caso ya ha generado reacciones en el entorno empresarial, que observa con atención el desarrollo de una investigación que podría impactar la credibilidad de una de las instituciones más influyentes en el tejido económico de la capital.
Mientras se esclarecen los hechos, el silencio por parte de la Cámara de Comercio se mantiene, mientras que los nombres señalados permanecen bajo observación pública. Todo parece indicar que el expediente apenas comienza a desarrollarse, y con él, una nueva etapa de escrutinio sobre el funcionamiento ético y legal de sus órganos directivos.